La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, sigue estrechando el cerco sobre el ex consejero de Empleo José Antonio Viera -a quien ya preimputó en el polémico auto del 10 de septiembre junto a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- y ahora ha vuelto a asegurar en un auto que las ayudas concedidas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla se otorgaron "siguiendo los presuntos designios del señor Viera", según consta en la imputación formal realizada la pasada semana al ex gerente del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez.

Este último imputado, que hasta ahora ocupaba el cargo de director del área de Empleo e Innovación en la Diputación de Sevilla, fue uno de los diez detenidos en el marco de la operación Heracles II y que fue puesto en libertad en la madrugada del pasado viernes. Alaya atribuye a Manuel Enrique Rodríguez delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, y le acusa de "haber prometido y facilitado importantes subvenciones excepcionales influido por intereses particulares y por algún miembro destacado del Gobierno de Andalucía", dice la juez, que cifra en 11,7 millones la cuantía de las ayudas en las que pudo tener alguna intervención el ex alto cargo de la Diputación.

Alaya sostiene igualmente que Manuel Enrique Rodríguez "debió de conocer el trato de favor a las empresas manejadas por José Enrique Rosendo y José María Sayago, siguiendo los presuntos designios del señor Viera, al que le unía una gran amistad". La instructora recuerda que las empresas de Rosendo y Sayago obtuvieron ayudas por importe de 32 millones de euros, "de manera que el desvío de fondos públicos a favor de estas dos personas ha supuesto un grave detrimento de las arcas públicas andaluzas".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirmó en su último atestado que las empresas del "tándem Rosendo-Sayago" lograron ayudas por 32 millones, lo que supone el 61% del total de subvenciones concedidas para la Sierra Norte de Sevilla y el 39% de las concedidas a las empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social que dirigía uno de los principales imputados, Francisco Javier Guerrero.

Alaya concluye, siguiendo el atestado, que Manuel Enrique Rodríguez tuvo una "intervención esencial" para la consecución de determinadas "ayudas ilícitas", algunas como la concedidas a personas de su "círculo próximo", las de su propio municipio (Las Navas de la Concepción), por lo que el papel jugado por el ex gerente provincial del IFA "demostraría que no sólo era perfecto conocedor del sistema opaco por el cual se concedían estas ayudas a empresas, sino que además se arrogaba la potestad de comprometer subvenciones que de hecho finalmente se concedieron con ausencia del procedimiento establecido".

Manuel Enrique Rodríguez se acogió a su derecho a no declarar tanto ante la Guardia Civil como cuando fue conducido ante la juez Alaya, pero su defensa, que ejerce el letrado Juan Carlos Alférez, manifestó durante la comparecencia para la adopción de posibles medidas cautelares -el fiscal pidió 1 millón de euros y la Junta 3,1 millones- que la intervención de esta persona en las ayudas "no fue más que la de un mero mensajero o transmisor de documentos que algunas empresas presentaban en la Gerencia de Sevilla del IFA para su remisión al director general".

La defensa alegó que Rodríguez "ni conocía el procedimiento, ni se juzga con capacidad jurídico-técnica para comprender su legalidad o ilegalidad, ni firmó, ni resolvió, ni decidió jamás nada, ni influyó ni intercedió por absolutamente nadie", por lo que sostiene que las conclusiones a las que llega la Guardia Civil son meras "conjeturas o hipótesis" que Rodríguez, a través de su letrado, "desmiente rotunda y categóricamente".