Las cosas claras. Los aparcamientos de Reina Sofía de Córdoba se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los dirigentes del centro, el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería, en fin, para la Junta de Andalucía. El problema viene de lejos, porque desde que abrió al público hace más de cuatro décadas, siempre se ha mirado para otro lado a la hora de regular el estacionamiento en un espacio público al que, no lo olvidemos, no se acude por ocio, sino por necesidad, bien como paciente, familiar o trabajador. El Ayuntamiento de Córdoba se quitó de encima el problema en 2014 con el traspaso de los terrenos a la Administración autonómica. Desde entonces, nadie ha sabido acertar en el modelo que debía legalizar el usos de esos suelos.

Bien es cierto que la prioridad ha sido la de convertir el Reina Sofía en lo que es, un hospital de referencia en toda España en cuanto a investigación, trasplantes o calidad profesional, como ha quedado acreditado con la crisis del covid-19. Eso no quita para que el problema del parking haya estado siempre ahí, sin una definición clara de lo que se quería y, cuando ha habido alguna propuesta, no ha sido precisamente pensando en los usuarios, sino en la especulación. Este periódico reveló en su día las oscuras intenciones del SAS -entonces gobernado por el PSOE- de privatizar el aparcamiento a cambio de un montón de millones, con los que tapar la incapacidad de la Junta para afrontar la modernización del hospital. Aquello se paralizó por la presión ciudadana y el PSOE tuvo que dar marcha atrás avergonzado de su planteamiento y ante el toque de muchos alcaldes de la provincia.

De aquel escándalo surgió una plataforma en la que se integraron muchos colectivos, entre ellos el PP, que vio en ella la herramienta perfecta para hacer oposición al gobierno de Susana Díaz. De entrada, la plataforma (incluido el PP) abogó por dejar gratis los aparcamientos -aunque en realidad no lo son porque allí hay unos señores que piden la voluntad, casi obligada, no se sabe muy bien para qué y quiénes-.

La cuestión es que ahora, con los populares al mando de la Junta y de la Consejería de Salud y Familias, se sacan de la manga otro concurso -este menos escandaloso, es cierto- para privatizar el servicio, lo que ha llevado a una nueva protesta de la plataforma, con la excepción del Consejo del Movimiento Ciudadano, que nadie sabe qué intereses busca. El enigma que ha creado la Junta no es la privatización, sino su cambio de parecer, no explicado de por qué ahora sí y antes defendía otra cosa, proponiendo un concurso con más sombras que luces y en el que el beneficio estimado -355.000 euros al año- está muy por encima de los 12.500 euros que tendrá que pagar como canon la concesionaria al hospital.

Se presupone que la Junta tiene organismos y entidades que, desde lo público, puedan gestionar esas plazas sin costes añadidos para el usuario y con garantías de que, cualquier beneficio, irá a la arcas de Salud. Pero para eso es necesaria voluntad, capacidad de gestión y seriedad. Sin embargo, se ve que no, que prefieren la patata caliente, e incluso hasta quemarse. Esto no huele bien.