Estamos en unos tiempos convulsos. Y es que cuando se desempolvan las urnas los políticos se aceleran, sacan lo peor -y lo mejor, a veces- de sí mismos y disparan a diestro y siniestro con tal de captar -o eso creen ellos- un puñado de votos. Y mientras que los partidos andan en esas cosas, los ciudadanos tratamos de seguir de la manera más normal posible con nuestro quehacer diario. Lo preocupante del asunto es que ese seísmo político se cuela irremediablemente en las instituciones, con actuaciones que nos afectan a todos.

Valga como ejemplo los decretos de los llamados viernes sociales del Gobierno de Pedro Sánchez, con medidas que seguramente tendrían mucho menos peso mediático si se aprobaran en otro contexto, alejado de unas elecciones. Y lo llamativo del tema es que todos -y a la vez ninguno- tienen razón a la hora de oponerse o aplaudir la acción del Ejecutivo. Por un lado, si se trata de decisiones que benefician al conjunto de los ciudadanos, ¿por qué oponerse? De otra parte, si Sánchez ha criticado hasta la saciedad el uso abusivo del decreto-ley de su antecesor en Moncloa, ¿por qué recurre ahora a este sistema? Lo preocupante es que para ambas preguntas hay una misma respuestas: todos lo hacen por intereses particulares, de estrategia, y no por el bienestar general.

Algo parecido ha ocurrido esta semana en la Junta de Andalucía a cuenta de la dependencia y las listas ocultas, de manera que la consejera del ramo, Rocío Ruiz, se despachó a gusto en el Parlamento al señalar que en los últimos tres años han muerto en Andalucía más de 25.000 personas (de las que unas 2.800 son cordobesas) a la espera de una resolución de sobre su grado de dependencia. Sacar a la palestra cifras de muertos no parece excesivamente elegante por parte del Gobierno andaluz, aunque se quiera justificar como forma de exponer la verdadera situación en la que se encuentra la Junta. Y si hablamos del debate posterior y de lo que dijeron unos y otros en sede parlamentaria, pues llegamos a la misma conclusión: ellos son lo primero.

En clave local tampoco nos escapamos de esta fiebre preelectoral. Hemos conocido hace unos días las conclusiones a las que ha llegado la Comisión del Casco Histórico. El diagnóstico era más que previsible, pero lo que ya no lo es tanto es la solución inmediata que se ha propuesto: crear otra mesa para ver qué ha dicho la comisión anterior y luego ya se verá qué decisiones se toman. El objetivo, el mismo que en los otros casos: buscar el rédito político por encina de los intereses generales.

Y en esas andamos. Da igual que miremos al Gobierno, a la Junta o a nuestros ayuntamientos. Es tiempo -hasta junio, que todavía queda un trecho- de mucho ruido, pocas nueces y de falsos aspavientos como si de verdad le preocuparan nuestro problemas. Paciencia. No nos queda otra.