Primeras medidas del Gobierno central para tratar de paliar la crisis del campo y, de paso, acallar las voces que tan incómodas se están tornando para el Ejecutivo. El ministro del ramo, el cordobés Luis Planas, ha anunciado una batería de decisiones que, de alguna manera, intentan solucionar un problema que ni es nuevo ni nadie ha querido atajar en años. En resumen, lo que se ha puesto sobre la mesa es un decreto que no sólo modifica la ley de cadena agroalimentaria, sino que también facilita desde el punto de vista fiscal la incorporación de jóvenes agricultores, bonifica la conversión de contratos temporales en fijos discontinuos, reduce las peonadas para cobrar el subsidio de 35 a 20 y permite a los inspectores de trabajo entrar en los domicilios de las casas de acogida de inmigrantes que trabajan en el campo.

Pero más allá de eso, el Gobierno obliga a que las ofertas-reclamo de los supermercados se hagan de común acuerdo entre las partes, mediante un contrato que especifique los plazos, precios de cesión y volúmenes objeto de la promoción. Además, la Administración publicará periódicamente las sanciones (que pueden llegar al millón de euros), con nombre y apellidos, cuando sean firmes en vía administrativa o judicial, si es que hay recurso. En el caso de Agricultura, lo hará periódicamente en su página web y el resto de administraciones también estarán obligadas a hacerlo. Bastará además con una sanción mayor de 3.000 euros para que el nombre se haga público.

Pregunta ingenua. ¿Por qué no se viene aplicando esta medida desde que los productores, hace ya casi una década, comenzaron a alertar del problema? Pues sencillamente porque el sector ha estado callado -sumiso- y se ha conformado con los paños calientes o migajas en forma de ayudas que se han establecido desde los distintos gobiernos. Pese a todo, hay que admitir que el avance es importante y, aunque habrá que esperar a los resultados, supone un toque de atención importante a la distribución y a las cadenas alimentarias, que han hecho un buen negocio en los últimos lustros con esta desidia administrativa.

No será un servidor el que rechace de plano lo que dicta el decreto, pero ya puestos, bien se podría avanzar en determinadas cuestiones que, con voluntad, despejarían muchas dudas tanto en los agricultores como en los consumidores. Me explico. Desde hace tiempo se viene hablando de la trazabilidad de los alimentos, de forma que a través de etiquetados y otras fórmulas, podemos saber si compramos un ajo elaborado en la Campiña Sur, una naranja de Palma del Río o un cordero de Los Pedroches. Si todo ello es posible, igual podría informarse a los compradores del precio que han pagado los distintos eslabones de la cadena a los agricultores y ganaderos por el mismo. ¿O hay miedo a tensar demasiado la cadena y que se rompa? Se admiten sugerencias.