EL fichaje estrella de José Antonio Griñán cuando fue elegido presidente de la Junta era Rosa Aguilar, consejera de Obras Públicas. Ha durado año y medio en el cargo por la voluntad del presidente del Gobierno, que acaba de designarla ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sobre la base de su pedigrí de izquierdas, la misma que le condujo a la Junta. Su sustituta en Obras Públicas es la catedrática de Geografía Josefina Cruz, con amplia experiencia en la Administración autonómica y en la central y bien ganada fama de rigurosa. Un relevo normal, pues. El problema es que este baile de nombres al frente de una consejería tan relevante en Andalucía como la de Obras Públicas es ya un clásico, como si se tratara de un departamento propicio para la experimentación y como si a él fuesen dirigidas las consecuencias de decisiones políticas ajenas a sus necesidades y funciones. La consejera más duradera, Concepción Gutiérrez, lo dejó en 2008 para ocupar la Secretaría de Estado de Infraestructuras. Le sucedió el sanluqueño Luis García Garrido, ahora delegado del Gobierno, que fue consejero en dos ocasiones, sólo durante meses, para cubrir otros tantos ceses. Mar Moreno fue consejera de Obras Públicas durante tres meses, en 2008, hasta que Zapatero creyó oportuno llevarla a la dirección federal del PSOE, como secretaria de Política Autonómica. Luego a la Consejería se le desgajaron las competencias sobre Vivienda, que ejerció como consejero el sevillano Juan Espadas durante dos años, justo hasta el momento en que una nueva necesidad partidista le sacó del Gobierno andaluz para hacerle candidato a la Alcaldía de Sevilla. Finalmente, el ciclo se cierra, de momento, con la marcha de Rosa Aguilar a Madrid, que obliga a un nuevo cambio. La conclusión es que el partido gobernante no parece tomarse en serio el interés general de Andalucía, que exigiría estabilidad en los cargos y mandatos suficientes para garantizar una gestión planificada y solvente. El repaso de lo sucedido en Obras Públicas refleja que estos relevos precipitados por decisiones de partido o exigencias de otras administraciones supeditan a la comunidad autónoma andaluza a vaivenes de origen externo.