Carlos González era, hasta este miércoles, el único de los actores que no se había manifestado públicamente sobre los últimos acontecimientos en torno al Córdoba CF. El ex presidente ha desmentido a la administración judicial, y el contenido de la rueda de prensa que ofrecieron el martes Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu, mediante una nota que aporta como prueba los correos electrónicos cruzados entre el letrado que ahora lleva las riendas del club blanquiverde y el abogado de Azaveco, Iván Zaldua.

De esta manera, la compañía que litiga con Jesús León (Aglomerados Córdoba) por el control de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que ya camina hacia la disolución tras el auto de venta de la Unidad Productiva de la misma, quiere aclarar que la secuencia de los hechos previos a este desenlace es muy distinta a la ofrecida por los administradores judiciales.

Azaveco informa que el primer contacto entre las partes se produjo el martes 12, apenas cuatro días después del nombramiento de la administración judicial por parte del Juzgado de Instrucción Número 5 de Córdoba que lleva las diligencias contra la gestión de León, al que se le acusan de cuatro delitos societarios. Y deja claro que el paso inicial partió de sus abogados "para interesarse por la situación" del CCF, no siendo Estepa y Bernabéu los pioneros.

Los letrados de González ya mostraron en ese momento su predisposición a mantener una reunión "el mismo jueves por la mañana", encontrando la negativa del administrador, que los citaba el viernes. La cita quedó fijada para las 10:00 en el Parador de Córdoba -luego fue modificado el escenario- tras varios correos en los que Azaveco ya notificaba sus datos de contacto para anticipar "el planteamiento" del encuentro, con la delicada situación del club y las vías para su solución como punto principal, lógicamente.

Estepa, como ha quedado desvelado, remitió una "solicitud de apoyo económico para el Córdoba CF" en el que adjuntaba "un certificado de la Liga con el listado de todas las cargas y/o gravámenes que constan en el libro registro de cargas; el auto dictado por el que se acuerda la administración judicial de la entidad y se designan administradores judiciales, y las aceptaciones del cargo por parte de ambos".

Juan Ramón Cuadros y Francisco Estepa, durante su comparecencia del martes.

En dicha reunión, Azaveco -representada por Zaldua- dejó clara su postura "en relación a la necesidad de fondos planteada", quedando luego ya prácticamente en el limbo cuatro correos electrónicos más intercambiados, el último el pasado lunes, horas después de que se conociera el auto del Juzgado de Mercantil que abría el proceso de venta de la Unidad Productiva de la SAD, que a su vez solicitaba concurso de acreedores voluntario para encaminarse a su disolución.

El contenido de los mails hechos públicos permite extraer algunos datos reseñables, además de corroborar la petición por parte de la sociedad de González de "una relación exacta de los pagos a realizar: importe exacto y fecha exacta de vencimiento". Sí quedó claro que los "pagos inmediatos" eran las nóminas de los jugadores, para evitar una desbandada con el tercer mes de impagos, el convenio de acreedores, Hacienda y Seguridad Social, y otros importes varios.

Voluntad de pagar una nómina y renegociar el resto

Ante tal situación, Azaveco se comprometía a realizar "un pago inmediato de una mensualidad" para negociar "un aplazamiento y fraccionamiento de las dos restantes" con la plantilla. Siempre bajo dos condiciones inexcusables: que "se accediera a la convocatoria de junta general a la vez que, por nuestra parte, se solicita al Juzgado de Instrucción 5 el levantamiento de la administración judicial una vez que se designe la composición del nuevo órgano de administración"; y que "hasta la celebración de dicha junta, se designara por parte de mi cliente la persona o personas que asuman el control de la gestión deportiva".

Además de todo eso, la comunicación electrónica entre Estepa y Zaldua refleja falta de sintonía en cuanto a la explicación de algunos puntos. Así, el administrador deja caer dificultades para sacar al frente del Córdoba por parte de Azaveco al no presenta cuentas desde 2012, siendo la cifra de negocio en ese último ejercicio de apenas 200.000 euros.

La respuesta de Zaldua achaca este incumplimiento de obligación a una razón de "confidencialidad" y recuerda al letrado actual de la SAD que por su condición de acreedor pignoraticio y titular real de las acciones pendientes de litigio con Jesús León no cabe su examen para garantizar solvencia como si fuera un tercero.