La Unión de Jubilados y Pensionistas (UPJ) de UGT Córdoba ha celebrado este martes su III Comité Provincial, con la asistencia del 98% de sus afiliados, y en el ha se ha exigido a la Junta de Andalucía mejorar la Atención Primaria y también la Dependencia, cuyos principales usuarios son personas mayores.

Según ha informado el sindicato en una nota, el comité ha sido presentado por la secretaria de Organización de UGT Córdoba, Encarna Laguna, quien ha destacado "la enorme función y el valor de nuestros mayores en la sociedad y la importante labor reivindicativa de esta federación ugetista a la hora de exigir que se respete la dignidad y los derechos de quiénes trabajaron para conseguir la sociedad que ahora disfrutamos".

A este respecto y, por su parte, el secretario general de la UJP de UGT Córdoba, Francisco Figueroba, ha aludido a los importantes avances en relación con las pensiones en los últimos años, "que han favorecido que muchas personas mayores hayan podido soportar los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, por la repercusión de la pandemia y la guerra de Ucrania".

Entre los objetivos principales que se plantea ahora la organización en Córdoba, según ha precisado, está"la lucha sindical por el cumplimiento de la Ley de Dependencia, que afecta a muchas personas mayores que necesitan de esa atención sin demora y que se encuentran absolutamente desamparados por la Administración andaluza".

En la misma línea, Figueroba ha criticado la situación de la sanidad en la provincia cordobesa, y ha hecho especial hincapié en "las largas listas de espera para poder ser atendidos en la Atención Primaria", algo que "afecta muy seriamente a las personas de mayor edad, debido a que las dolencias se hacen crónicas y, a menudo, surgen nuevas de mayor urgencia, que no requieren un tratamiento hospitalario, pero sí la supervisión de un médico que evite que estas lleguen a más".

Eso hace "que la sensación de la mayoría de personas mayores sea de inseguridad respecto a la atención sanitaria y ven inviable el poder costearse la atención sanitaria privada, algo que, además, no tendría que ser necesario si el SAS tuviese una gestión eficiente que nos proporcionara esa calidad asistencial, y esa atención que es un derecho constitucional".