La presidenta de la Fundación Patronato Hospital Jesús Nazareno y alcaldesa de Montoro, Ana María Romero (PSOE) ha confirmado a el Día que el Patronato recurrirá la sentencia que le obliga a pagar más de medio millón de euros a la cooperativa El Yate por distintos impagos relacionados con la gestión de la residencia de la localidad.

Dicha sentencia, contra la que cabía recurso que se va a interponer, estima en parte la demanda interpuesta por la empresa, que solicitaba una indemnización superior a los seis millones de euros (tanto por los impagos como en concepto de compensación).

El asunto también ha sido abordado por parte de la oposición en Montoro. Desde la Unión Democrática Independiente de Montoro (UDIM), liderada por el exsocialista José Romero, ha recordado que formarán parte de dicho Patronato por estar presentes en la corporación municipal.

Con ello, sí que han mostrado su "preocupación" porque aunque cabe el recurso presentado, éste generará "nuevos gastos de defensa jurídica que aún no conocemos y sobre todo incertidumbre en un centro en el que se presta un servicio esencial y en el que existen un gran número de trabajadores".

Desde UDIM también ha apuntado que dichos trabajadores están "sufriendo recortes y redistribución de tareas, lo que merma sin duda la calidad del servicio que presta a los residentes".

La gestión

El Yate asumió en 2004 la gestión de la residencia de mayores en virtud a un acuerdo vigente hasta 2035. La relación con el patronato, participado por el propio Ayuntamiento, empezó a torcerse en 2015, hasta el punto de que el 29 de diciembre de 2016 la cooperativa comunicó la rescisión del contrato.

El punto de inflexión fue el cierre de las herramientas para gestionar las altas y bajas de los trabajadores. A esto “hay que añadir las situaciones de conflicto que se produjeron en julio y diciembre, cuando la Fundación, por orden de la presidenta, impidió el acceso a las instalaciones a miembros de El Yate para retomar el control de la actividad”, según consta en la resolución facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El juez considera que la cooperativa, en ese momento, “quedó facultada para rescindir unilateralmente el contrato suscrito ante la evidente retirada de accesos a los mecanismos de gestión”. La cooperativa buscó auxilio en la Justicia, que ahora ha dictado su primer fallo.