Alrededor del impuesto de sucesiones, especialmente en Andalucía, existen una serie de leyendas urbanas que algunos políticos, de manera poco responsable, con ánimo electoral y el simple objetivo de desgastar al rival, se han ocupado de propalar a los cuatro vientos. Desde la tan falsa como célebre afirmación de que ese impuesto pretende gravar sólo a ricos (¿qué entenderán por ricos estos señores?), de uso generalizado entre buena parte de nuestra izquierda, hasta los dos inveraces grandes éxitos entre la oposición al susanismo según los cuales, primero, los andaluces no cesan de renunciar a sus herencias por no poder pagar el impuesto y, segundo, allí donde gobiernan la gente no paga por heredar.

Seamos serios. No es un impuesto para lo que llaman con evidente ánimo peyorativo ricos, sino para las clases medias, que han sufrido la injusticia del impuesto en su configuración actual. Tampoco en Andalucía se repudian las herencias por su causa -desgraciadamente, la crisis ha sido tan intensa que mucha más gente de la que imaginamos fallece sin nada más que repartir que deudas- ni allí donde gobierna el PP en el ámbito municipal han dejado de pagarse impuestos (la plusvalía) al fallecimiento del propietario de bienes urbanos. Estas son las verdades que unos y otros esconden para situar el debate sobre el Impuesto en el centro de un debate trucado.

En estos días se ha aprobado una importante reforma del impuesto en Andalucía, según la cual no lo pagarán quienes hereden a sus ascendientes, descendientes o cónyuge menos de un millón de euros y siempre y cuando su patrimonio preexistente -el de quien hereda- sea inferior a esa cifra. Esta reforma es un parche, insuficiente, poco generosa, no aborda algunas cuestiones centrales (¿por qué no extender ese beneficio fiscal a las transmisiones en vida?, por ejemplo), pero indudablemente constituye un avance respecto a lo anterior. Por supuesto, hay un nutrido grupo de políticos que reclaman la paternidad del mérito: más medias verdades. Si el mérito es de alguien es de la sociedad civil, de organizaciones como Asaja, Stop Impuesto de Sucesiones, confederaciones empresariales que han empujado a los políticos, reacios, a aprobar esta reforma a través de campañas y movilizaciones en toda Andalucía. Si alguien tiene el mérito, son ellos.

¿Qué hacer? Si la supresión no es una opción, hagan lo sensato. Señores políticos: tengan un discurso único para toda España, armonicen a nivel nacional (no más ciudadanos de segunda), simplifiquen el tributo y establezcan tipos no confiscatorios. No parece tan complicado.