La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la que modificaba la pacífica jurisprudencia según la cual era quien solicitaba un préstamo hipotecario y no quien lo otorgaba quien debía pagar el impuesto y su posterior rectificación ha puesto de manifiesto alguno de los peores defectos de nuestra clase política. El foco se ha puesto primero sobre la banca y después sobre los magistrados mientras los políticos han aprovechado el río revuelto para intentar pescar algún voto, permitiendo, cuando no alentando, el descrédito del Supremo que, aunque ha gestionado el asunto de modo torpe, no es el culpable de la voracidad fiscal de nuestras administraciones ni de la existencia de normas reglamentarias oscuras de dudosa legalidad (hagan ustedes las leyes que yo haré el reglamento...). Si algo hay que criticar de alguno de los miembros del Supremo es el haber utilizado una materia tan sensible como la hipotecaria para hacer política judicial de tercera y cobrarse venganzas por cuitas pasadas, propinando una patada en el trasero de Comunidades Autónomas y Bancos sin reparar en sus consecuencias.

Esta semana hemos podido ver al presidente del gobierno afirmar, sabiendo que falta a la verdad, en una rueda de prensa que los hipotecados no volverán a pagar el impuesto mientras reclamaba a los jueces una autocrítica que, por supuesto, no se aplicaba. Al presidente del principal partido de la oposición reclamando algo que no ha hecho su partido en años de gobierno, la supresión del impuesto. Al líder de los antisistema llamando a la movilización contra los magistrados en una evidente campaña de derribo de las instituciones. A la presidenta de Andalucía, con competencias cedidas en este impuesto, escandalizándose y acusando a la banca de todo tipo de maldades sin sonrojarse. Y al líder naranja haciendo seguidismo, cómo no, de todo tipo de demagogias (teniendo a Inés, tienen a Albert: incomprensible).

He repasado los programas electorales de los cuatro partidos: ninguno proponía ni el cambio de sujeto pasivo ni la supresión del impuesto. A diferencia del impuesto de sucesiones, sobre el que tanto han discutido, no hay una sola iniciativa legislativa referente al AJD de las hipotecas. Comunidades gobernadas por izquierdas y derechas han subido exponencialmente el impuesto sabiendo que lo pagaban los deudores: Galicia y Andalucía, PP y PSOE, empatan como las más voraces. Las inspecciones autonómicas han actuado con saña a instancia de esos políticos que ahora se rasgan las vestiduras. Bien está que se regule de una vez por todas la cuestión, pero la credibilidad de los políticos -de uno y otro signo- sobre ella es nula. Quizá esa autocrítica que reclamaba el presidente del gobierno para los jueces y banqueros debieran formularla ellos, antes de que pensemos que, ¿una vez más?, nos están tomando el pelo.