Escribir acerca de la injusticia que supone el impuesto de sucesiones en Andalucía y el agravio que se produce entre andaluces y -el ejemplo siempre es el mismo- madrileños es un clásico. Como ocurre con otros clásicos, es inevitable revisitarlos en estas fechas. La campaña iniciada hace meses por el PP de Andalucía en contra de este impuesto e impulsada estos días en medios y redes sociales casi obliga a ello.

Estoy de acuerdo con el objetivo de la campaña. El impuesto de sucesiones -cuando se trata de heredar a un padre, a un hijo o a un cónyuge- debe ser reducido a la mínima expresión, pero no porque Madrid lo haya hecho, sino porque es injusto, desincentiva el ahorro, penaliza el esfuerzo y provoca la incautación de bienes por los que ya se ha pagado al generarlos, adquirirlos y mantenerlos. Porque es carroñero querer cobrar en efectivo el impuesto cuando no lo hay en la herencia: si usted hereda mil gallinas, la Junta no quiere quinientas, sino el importe de lo que ella, la Junta, dice que valen esas gallinas. Ahora bien, estando de acuerdo con su objetivo último, la campaña no me convence.

Se dice en ella que miles de andaluces se ven abocados a repudiar las herencias por no poder pagar el impuesto de sucesiones. No es así: el incremento de las renuncias a las herencias es una consecuencia de la crisis y tiene su origen en que cada vez más personas fallecen con más deudas que bienes. Más del 95%, y me quedo corto, de las renuncias tienen como única causa evitar responder por las deudas del muerto.

Se culpa en la campaña a los socialistas andaluces de la existencia del impuesto y del agravio entre españoles, lo cual es absolutamente cierto, pero tanto como que la ley del impuesto es de ámbito estatal y el PP ha dispuesto de mayorías absolutas para modificarla o que en comunidades gobernadas por ese partido el impuesto no ha sido suprimido.

Y finalmente se omite que en una sucesión se deben pagar dos impuestos, el manoseado impuesto de sucesiones a la Junta de Andalucía, reformado cicateramente la semana pasada, y la menos conocida plusvalía al Ayuntamiento de turno -la variante municipal del impuesto de sucesiones-, que pese a la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta un 95% se mantuvo por muchísimos gobiernos populares, aunque con excepciones sobresalientes como Málaga, Estepona, Tomares: algunas mayorías del 2015 tienen explicación.

El impuesto de sucesiones debe ser combatido. Pero para que ese combate sea creíble debe hacerse desde la total coherencia. Y siento decir que el Partido Popular, que es el mío, en esto no está siendo del todo coherente.