La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente contratación para el servicio de acompañamiento psicológico a mujeres víctimas de violencia de género y familiares de víctimas mortales por un importe de 30.000 euros. El objetivo del programa es "llevar a cabo un acompañamiento especializado, rápido y efectivo, a aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad" que acuden a la Policía Local de Córdoba para denunciar a sus agresores.

Así ha sido anunciado este lunes, 9 de mayo, por el concejal de Comercio, Antonio Álvarez, que ha detallado la importancia de la "atención inmediata" que brinda este programa a las víctimas. Según la memoria justificativa del servicio, desde la Delegación de Igualdad se considera "muy necesario garantizar este servicio de acompañamiento, con una trayectoria de siete años, teniendo en cuenta además que existe la demanda y el interés social necesarios para acometerlo".

Y es que este servicio se ha prestado en Córdoba desde agosto de 2014, a través de un proyecto del Colegio de Psicólogos mediante convenio con el Ayuntamiento. Sin embargo, este año la novedad recae en que el Colegio "no estaba suficientemente interesado" en suscribir el convenio y, por ello, el Ayuntamiento lo sacará adelante con un grupo interesado que deberá ser de dos psicólogos y un coordinador, que también debe ser profesional de la Psicología. 

Así, se tramita un contrato menor con objeto de no interrumpir el servicio puesto que "en la actualidad el Departamento de Igualdad de este Ayuntamiento no dispone de los recursos personales y técnicos adecuados y necesarios para la realización de esta actividad", se requiere una vez finalizado el contrato menor, la contratación externa del servicio especificado a través de un procedimiento de licitación.

En el servicio se incluye el acompañamiento grupal "que se podrá realizar de forma instantánea cuando se presente cualquier víctima, incorporación inmediata de cualquier psicólogo en plazo de una hora para asistir" y un servicio "a requerimiento en los casos de urgencia", según han detallado. 

Por otro lado, el Consistorio ha incidido en que la atención psicológica a las y los menores familiares, que no se incluyen en esta iniciativa, se contemplan desde otros proyectos financiados por el Instituto Andaluz de la Mujer, por lo que, "en aras de la no duplicidad de servicios entre administraciones, no se cubriría a través de la prestación de este servicio".

El servicio de acompañamiento psicológico exige no sólo la atención inmediata de el profesional de la Psicología, en el momento en que la mujer víctima de violencia de género acude a comisaría de la Policía a interponer la denuncia en el plazo máximo de una hora, por lo que el desplazamiento ha de realizarse "de modo inminente y con urgencia", sino también, "estar a disposición las 24 horas" para una posible atención psicológica.

Ello implica también "estar pendiente del teléfono, mañana, tarde y noche", ya que es el procedimiento de acceso al servicio, que es solicitado directamente por la Policía Local a la persona que coordine el mismo. Igualmente, si se diera algún caso de muerte por violencia de género, la Policía Local podrá requerir el servicio para la atención urgente de las y los familiares mayores de edad de la mujer.

Además, este servicio debe incluir sesiones grupales con mujeres víctimas o posibles víctimas de violencia de género, haciendo una labor de sensibilización, prevención y atención psicológica en violencia de género. Asimismo, se deberán organizar sesiones informativas y formativas sobre aspectos psicológicos de la violencia de género.

La entidad adjudicataria elaborará informes trimestrales y finales con datos solicitados por la Delegación de Igualdad y que permita realizar seguimiento continuo del servicio prestado y propuestas de mejora del mismo que se consideren pertinentes.

El contrato tendrá un plazo de vigencia de dos años, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato, si bien podrá prorrogarse por tres años, siendo la primera prórroga por dos años y la segunda prórroga por uno más sin que la duración del contrato supere los cinco años. El contrato se adjudicará a la entidad o grupo que presente la mejor relación calidad-precio que permita satisfacer del modo más adecuada las necesidades del servicio.