El PP propone más funcionarios para la buena marcha del registro judicial

María Jesús Botella exige un "plan urgente" para evitar el colapso de las oficinas judiciales

María Jesús Botella.
María Jesús Botella.
Á. R.

10 de marzo 2009 - 01:00

La parlamentaria del PP María Jesús Botella presentó ayer una proposición no de ley para reclamar que se establezca un "plan de actuación urgente" con el fin de evitar el colapso de los juzgados y los tribunales ante la entrada en funcionamiento del nuevo registro judicial. La base de datos fue presentada hace un mes en Sevilla por el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con el objetivo de unificar las bases de datos judiciales de toda España y evitar así casos como el del presunto asesino de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, que se encontraba en libertad a pesar de una condena por abusos sexuales.

La inclusión de todos los datos, sin embargo, ha de culminarse en un plazo máximo de tres meses, lo que -según los sindicatos de Justicia- está paralizando el trabajo ordinario en los órganos. De ahí que, entre otras medidas, la proposición no de ley presentada por Botella proponga el "nombramiento de personal de refuerzo" y la "adecuación de las actuales plantillas a las nuevas cargas de trabajo". La parlamentaria popular reclamó, además, que se ponga en marcha un servicio común procesal general, una medida que iría incluida en el nuevo diseño de la oficina judicial.

Botella, por otra parte, denunció el "constante engaño" de la Junta ante el proyecto de la Ciudad de la Justicia y pidió su ejecución, ya que el gasto de alquileres en sedes judiciales en la provincia asciende a unos 900.000 euros anuales, de los que 600.000 corresponden a la capital. La dirigente del PP lamentó el "despilfarro" y recordó que, en 2004, el Consistorio cedió los terrenos para la futura sede, pero desde 2007 "sólo se cuenta con una maqueta" debido a que "unos problemas del proyecto hacen que la Gerencia de Urbanismo no pueda conceder la licencia de obras". Botella vio "lógico" que los jueces de Córdoba fueran los que más siguieron la huelga del pasado febrero en la Comunidad andaluza.

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