Los jueces reclaman la creación de seis órganos de primera instancia

Los datos hablan por sí mismos: los ocho juzgados de lo penal de Córdoba asumen en la actualidad "el doble de la carga de trabajo" aconsejada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con estos datos sobre la mesa, los magistrados de primera instancia celebraron el viernes pasado una junta sectorial con el objetivo de solicitar la puesta en funcionamiento de seis nuevos órganos de esta jurisdicción, una solicitud que se sostiene por el "incremento no soportable del número y complejidad" de los asuntos que han entrado en los últimos meses.

Los magistrados apoyaron unánimemente elevar estas propuesta a las autoridades competentes, esto es, el Ministerio de Justicia, la Delegación de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) esgrimiendo como principal razón que la elevada carga de trabajo "finalmente repercutirá negativamente en el ciudadano". Mientras que el CGPJ recomienda que cada primera instancia asuma un máximo de 350 asuntos civiles al año, en Córdoba cada magistrado se hizo cargo durante 2008 del doble de este trabajo.

Los magistrados, además, advirtieron de que, de mantenerse así, la situación actual puede generar problemas debido a que, según el aumento observado en los dos primeros meses del año, la estadística de 2009 puede cerrarse con un 225% más de asuntos que lo aconsejado por el CGPJ. Actualmente, en Córdoba existen ocho juzgados de primera instancia -uno de ellos destinado exclusivamente a asuntos de familia- y uno más para procedimientos mercantiles. Sin embargo, según las cuentas de los jueces, en la ciudad debería haber 15 órganos.

Los responsables de las unidades de primera instancia no son los primeros que en los últimos meses utilizan sus propias estadísticas para materializar una reivindicación. Los jueces de lo penal, de hecho, fueron pioneros. A principios de enero, los jueces elaboraron un informe dirigido al TSJA para reclamar la puesta en marcha del sexto órgano de esta jurisdicción, una reivindicación que lleva en la agenda desde el pasado mes de abril, cuando la petición se formalizó en una junta sectorial.

Para los jueces, la situación de sobrecarga no es "coyuntural", sino que responde a causas "estructurales". Es decir, la base del sustancial aumento de asuntos se debe a las últimas reformas del Código Penal aprobadas por el Gobierno. Así, a la entrada en vigor de la Ley Integral de la Violencia contra la Mujer, se sumó el año pasado la tipificación de los delitos contra la seguridad vial. Las unidades de primera instancia padecen, además, las consecuencias de la crisis económica.