Al Ayuntamiento le ha hecho falta una condena por homicidio y una llamada de atención por parte de la Audiencia Provincial para que se decida a estrechar el cerco a los gorrillas con objeto de evitar que éstos desarrollen a diario una actividad que es a todas luces ilegal. La presión social que se ha ejercido desde diversos colectivos sociales y, en concreto, por parte del Consejo de Distrito Poniente Sur, así como por otras asociaciones vecinales de este enclave de la ciudad también ha servido para que el concejal de Seguridad y Tráfico, José Joaquín Cuadra, dé ese paso al frente que tantas veces le han pedido a él y a sus predecesores en el cargo y haga cumplir una ordenanza que lleva aprobada desde el 31 de julio de 1992. 

Casi 17 años han tenido que pasar, por tanto, para que el Consistorio endurezca las medidas contra los gorrillas, un colectivo que llevas décadas campando a su anchas en lugares tan transitados como los alrededores de la ciudad sanitaria, los aledaños del hospital Cruz Roja o Gran Vía Parque, el entorno en el que se produjo la muerte de un ciudadano que se negó a pagar a un gorrilla. La normativa, en su artículo 17, recoge con claridad que “tanto si se establece como si no, queda prohibido el desarrollo de esta actividad de vigilancia por personas no autorizadas expresamente”.

El documento subraya asimismo que, al tratarse de un hecho ilegal, los usuarios de las zonas de aparcamiento “no están obligados a pagar retribución” e incide en que deben ser los agentes de “la Policía Local quienes adopten las medidas pertinentes para evitar su continuación”.

No existen dudas, por tanto, de que el Ayuntamiento tenía herramientas legales suficientes para tratar de evitar situaciones como la que acabó con la vida de un ciudadano que se negó a pagar por estacionar su vehículo en las inmediaciones de la plaza de toros, un suceso registrado a finales de febrero de 2006. Desde entonces, los vecinos, sobre todo los de los barrios de Ciudad Jardín y Poniente –los más próximos al coso taurino–, no han cejado en su empeño de reivindicar un plan antigorrillas, como así lo han bautizado ellos mismos cada vez que se lo exponían a los representantes del Gobierno local. 

Ahora, casi dos años después de aquel fatídico suceso, el presidente de la Sección Tercera de la Audiciencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez, de acuerdo con el veredicto del jurado, ha condenado a los gorrillas implicados a 15 años de cárcel, el primero como autor material de los hechos y el segundo como “cooperador necesario”, como así consta en la sentencia. La condena también le reprocha al Consistorio que permita “el chantaje de pagar el peaje ilegal cuando la víctima aparcaba junto a la plaza de toros”, un mensaje que se entiende claramente como un llamamiento de la Justicia para que el Ayuntamiento haga sus deberes. 

A pesar de haber coincidido el fallo judicial y el compromiso de Cuadra de cercar el cerco a los gorrillas, desde el Gobierno municipal se niegan a reconocer que tengan algo que ver. Sin embargo, la garantía ofrecida precisamente ayer a los vecinos por parte del concejal de Seguridad y Tráfico es firme. Habrá un plan y éste se llevará a cabo de inmediato. Según la información facilitada a El Día por el edil, los nuevos planes de la Policía Local pasan por reforzar la presencia de sus agentes en aquellos puntos en los que existe un mayor número de vigilantes, así como denunciar “de oficio” cada vez que detecten que se está registrando una situación irregular en cualquier punto de la ciudad.

Aunque esta actuación policial aún se encuentra en su fase inicial, el responsable municipal del Área de Tráfico y Seguridad desveló algunos de los espacios en los que habrá una mayor presencia. Así, por las mañanas, la policía se volcará en los puntos cercanos a los centros de trabajo y por la noche en los espacios de ocio.