Unos 127.000 cordobeses han tenido que dejar de comprar medicamentos a causa de la pobreza

Córdoba afronta una situación de exclusión social especialmente intensa y marcada por tres grandes factores: la inestabilidad laboral, el acceso cada vez más difícil a la vivienda y el empeoramiento de las condiciones de salud de los hogares con menos recursos. Así lo determina el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, publicado recientemente por la Fundación Foessa y que ha sido presentado este jueves en la sede de Cáritas Diocesana de Córdoba.

El informe Foessa, que tiene una perspectiva evolutiva en los periodos 2018, 2021 y 2024 y se publica de manera quinquenal, advierte que Córdoba está a la cabeza de la exclusión en Andalucía con más de un cuarto de la población afectada. Y es que, las mejoras registradas una vez superada la pandemia "se difuminan" en gran medida cuando se compara la situación actual con la que existía en 2018, al constatarse, según el estudio, un importante retroceso del espacio de la integración plena y, en paralelo, un aumento de las situaciones de integración precaria, así como un ligero incremento en los niveles de exclusión social, un fenómeno que afectaba en 2024 a casi el 20% de la población española.

Así lo ha explicado Daniel Rodríguez de Blas, miembro del equipo de estudios Foessa y coordinador del informe andaluz, quien ha destacado diferentes datos que reflejan la situación extrema de pobreza que viven miles de personas en la provincia de Córdoba. Uno de los datos más impactantes es que 127.000 cordobeses han tenido que dejar de comprar medicamentos, seguir dietas o tratamientos médicos por necesidades económicas en el último año. "Cuando poder cuidarse depende del dinero que se tiene, la exclusión se vuelve más profunda y persistente", ha precisado el coordinador.

Según el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, alrededor de 75.000 cordobeses viven en hogares donde el sustentador principal (la persona que más ingresos aporta al hogar) está en situación de inestabilidad laboral grave, es decir, que en el último año ha tenido tres o más meses de desempleo, tres o más contratos o ha estado trabajando en tres o más empresas. Otro análisis impactante que refleja la precaria situación que viven miles de cordobeses es que unas 90.000 personas de Córdoba, después de pagar los gastos derivados de la vivienda a primeros de mes, se queda en situación de pobreza.

Como ha explicado el coordinador del informe Foessa andaluz, los datos son "mejores que en el 2021", cuando la crisis económica provocada por la pandemia mermó todavía más la situación de las personas en exclusión e incluyó en este umbral de pobreza todavía a más personas. Sin embargo, los datos del informe siguen siendo "peores que los de 2018" en una Córdoba cuyos datos coinciden con la mala situación que atraviesa Andalucía, donde "uno de cada cuatro andaluces tiene dificultades económicas y está en exclusión".

El principal factor que agrava la situación de exclusión en los cordobeses -también a nivel regional y nacional- es el difícil acceso a la vivienda, el cual, como ha señalado Rodríguez de Blas, empeora todavía "la pobreza estructural, que cuando hay una crisis económica como la del 2008 y la de 2020 se agrava todavía más y tiene más dificultades para salir" de esa situación tan extrema. En el caso de la pobreza infantil, el informe refleja un porcentaje de más del 25% en situación de exclusión social, siendo lo más preocupante la pobreza como herencia: "Quienes hoy están creciendo en lugares de exclusión, tienen el doble de posibilidad de ser pobres en el futuro", ha indicado Rodríguez de Blas.

Sobre estos datos, el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina, ha recordado que el Informe Foessa muestra "la realidad" a la que la sociedad y las entidades benéficas se enfrentan en el día a día. "Este estudio nos ayuda a entender las causas reales de la pobreza en Córdoba y a no acostumbrarnos a ella", ha señalado, incidiendo en que "la lucha contra la pobreza no puede quedarse en acciones puntuales; exige políticas justas, estructuras inclusivas y una mirada ética que ponga a la persona en el centro".

Por su parte, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha destacado el carácter "científico" del informe y su objetivo de "incidir en la acción como un compromiso ético que busca movilizar a la sociedad por las personas que tienen más necesidades", principalmente en factores como "la vivienda, la exclusión social y el ámbito laboral". Una investigación que "pretende ser una herramienta ética, social y pastoral" para revelar la situación de una pobreza que afecta a muchos cordobeses y que recientemente "se ha visto evidenciada con las inundaciones" que han dejado sin casa a miles de vecinos durante varios días.

Los resultados del informe muestran que Córdoba refleja con especial intensidad una tendencia andaluza sostenida: un modelo social que no consigue integrar a quienes viven con más fragilidad, incluso en fases de crecimiento económico. Ante este escenario, Cáritas y la Fundación Foessa insisten en la necesidad de un nuevo pacto social que sitúe la vivienda, la salud, la protección social y el empleo digno como pilares esenciales de cohesión y justicia social en la provincia.

En Andalucía, el 39,7% de la población disfruta de una integración plena, el 37,2% se encuentra en situación de integración precaria, el 12,9% está en exclusión moderada y el 10,2% de la población se halla en exclusión social severa, lo que significa que dos de cada diez personas que residen en la comunidad autónoma (cerca de dos millones de personas) se enfrentan a procesos de exclusión social de diverso grado. En comparación con el resto de España, la situación de Andalucía "es peor": un 76,9% de personas integradas en la comunidad frente al 80,7% a nivel nacional y un 23,1% en exclusión social frente a un 19,3% en España.