Una sentencia en medio de una crisis institucional

Casi tres semanas después de que el Tribunal Supremo, en un hecho con muy pocos precedentes, adelantara el fallo, el martes se conoció el contenido de la sentencia que inhabilita al que ha sido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El tribunal considera que el fiscal cometió un delito de revelación de secreto por la filtración de datos privados de un contribuyente, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estaba negociando con la Fiscalía una reducción de penas por la comisión de presuntos delitos fiscales. La sentencia, adoptada por cinco magistrados de los siete que componían la sala, no aporta elementos probatorios concluyentes para determinar que García Ortiz es el filtrador del correo electrónico que debería haber permanecido secreto. Pero sí construye una argumentación sólida de la participación del fiscal en los hechos. Según este planteamiento, García Ortiz, que actuó de forma activa y personal en la redacción de la nota de prensa que incluía frases textuales del correo en cuestión, “o una persona de su entorno y con su conocimiento” filtró la información confidencial. Los hechos relatados en la sentencia, que fundamentan la condena, son básicamente los que se dirimieron en el juicio. Es, por lo tanto, una sentencia polémica que ha abierto una agria controversia política y mediática desde el mismo momento de su publicación, incluida alguna descalificación zafia y poco pensada de algún miembro del Gobierno. El Supremo es el máximo órgano sentenciador de nuestro ordenamiento jurídico, con lo que a partir de este fallo queda sentado que desde la Fiscalía General del Estado se cometió un delito para responder a una noticia falsa, aventada por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid. Ello con independencia de que el Tribunal Constitucional revise en su momento, si como parece muy probable se formaliza un recurso, algunos aspectos de una sentencia que, al margen de consideraciones jurídicas, es reflejo de la profunda crisis institucional que atraviesa España en los últimos años.