Hay cuestiones que no son fáciles de entender. Preguntas que quizá no tienen una sola respuesta o que todo depende de quien tenga que responder. El debate sobre la eutanasia es una de esas cuestiones que vuelve cada cierto tiempo recordándonos que hay un problema que debemos afrontar como sociedad. Y, en este caso, parece que la sociedad está mucho más avanzada que la clase política. Hemos vivido demasiado tiempo de espaldas a un problema que sigue ahí y que casos como el de María José Carrasco y el acto de amor infinito de su marido, Ángel Hernández, evidencia que es necesaria una regulación y que los españoles sí que hemos demostrado tener ya el suficiente grado de madurez como para hacer frente a este debate.

En casi todas las encuestas hay una mayoría de españoles que está a favor de la regulación de los derechos sobre cómo morir, especialmente la eutanasia. Se trata, además, de una opinión estable en el tiempo, que no depende de casos puntuales ni de lo mucho o poco que se hable según el momento. Sin embargo, políticamente nunca llega siquiera al Parlamento, acaba siempre perdiéndose en el camino o convirtiéndose en arma arrojadiza en plena campaña.

Este país ya afrontó con madurez el debate sobre el aborto, aunque no se produjo hace tanto tiempo como pueda parecer. Si las mujeres, las familias, podemos planificar cuándo y cómo llegar al mundo, ¿por qué no existe el mismo derecho a la hora de decidir el final de nuestra vida? Una de las opiniones contrarias a la eutanasia es la del Colegio de Médicos, que piensa que pueden dispararse estos casos en personas con poca fortaleza mental o psíquica. Es como cuando se dijo que la ley del derecho al aborto dispararía las interrupciones voluntarias del embarazo. No ha sido así. Lo único que se hizo fue despenalizar un acto que tenía que ser un derecho.

Los ciudadanos estamos preparados para afrontar este debate. Que tengamos el derecho a irnos de este mundo con dignidad cuando vivir se convierte en un castigo peor que la muerte. De manera regulada, en situaciones irreversibles, con todas las cautelas que se quiera, pero que deje de ser un delito. Y una vez más la clase política debería estar a la altura de la sociedad a la que representa. Aunque entiendo que es más fácil prometer que vamos a volver a ver los toros por televisión.