Después de ver lo que pasó el otro día en el Congreso de los Diputados en la votación sobre la Reforma Laboral, cualquier crítica que se haga a la gestión de la cosa pública puede sonar a broma. Como ya saben, los aliados de Sánchez (ERC y Bildu) no apoyaron la nueva ley, por lo que el PSOE tuvo que tirar Ciudadanos, mientras que PP y Vox intentaron comprar los favores de dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) para tumbar el texto, aunque su artimaña se fue al garete porque uno de los suyos -el diputado Alberto Casero- se equivocó en la votación telemática. En fin, un esperpento que luego, con declaraciones, denuncias y sandeces, ha provocado que todos los partidos hayan ido empeorando aún más su ya deteriorada imagen ante los ciudadanos.

Mientras, en esta Córdoba nuestra se nos anuncia que el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero estará concluido "a finales del próximo mes de mayo o principios de junio", según dijo el alcalde de la ciudad, José María Bellido. Se supone que es una buena noticia y desde el equipo de gobierno municipal no dudaron en valorar el impacto que esta infraestructura puede traer a la capital.

Pero para poner las cosas en su sitio, habría que recordar de dónde venimos y el tortuoso camino que ha habido que recorrer para llegar a la conclusión de la obra del centro de ferias. Este proyecto -ya ha llovido- fue un empecinamiento del alcalde popular entre 2011 y 2015 José Antonio Nieto, como respuesta a la pugna que tenía Capitulares con el gobierno andaluz de PSOE e IU a cuenta de la reforma del Palacio de Congresos de Torrijos. La cuestión es que solo Nieto -y nadie más, incluidos los miembros de su equipo- apostaron por edificar un complejo ferial a las afueras de la ciudad, concretamente en el Parque Joyero.

Se redactó el proyecto y se adjudicó la obra en febrero de 2015, por un montante de 10,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Pero claro, como estamos en Córdoba, al poco tiempo surgieron los problemas, de manera que la constructora pidió más dinero. En fin, retrasos y trabas que se alargaron en el mandato de PSOE e IU de 2015 a 2019 y que ahora, siete años después, parece solucionado por el cogobierno de PP y Cs. Eso sí, el coste final es de 17 millones de euros. Mucho más de lo previsto y que hemos pagado los cordobeses.

Ahora viene el siguiente paso, que es definir cómo se gestiona un edificio de estas características. Se habló de un concurso para que el propio sector de ferias y congresos lo hiciera, pero al final se va a optar por crear una empresa pública. Si los grupos municipales están de acuerdo, pues que se constituya esta nueva entidad, pero es que hace apenas unos días, PP y Cs aceptaron -por necesidad- la imposición de Vox de aniquilar el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), cuya misión, presuntamente, es la de atraer eventos a la ciudad, entre otras funciones. Si esa es la hoja de ruta en Capitulares, es de esperar que se explique bien la idea de fulminar una entidad pública -aunque el proceso de disolución del Imtur será largo- y crear otra muy similar casi de inmediato. Que no parezca esto una feria.