España ha dejado de ser una "democracia plena" y pasa a "democracia con defectos", según el último Índice de Calidad Democrática que acaba de publicar la unidad de inteligencia de la revista The Economist. ¿Y por qué? Pues según los analistas de la publicación, se debe a la división política para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró en 2018 y que sigue ejerciendo de manera provisional. También cita el informe los desafíos para la gobernanza del país que implican la "creciente fragmentación política", la "sucesión de escándalos de corrupción" y "el nacionalismo regional al alza en Cataluña".

Esto quiere decir que España está en el puesto 24 de un total 167 estados evaluados en cuanto a nivel democrático y que comparte lugar en ese segundo escalafón con países como Estados Unidos, Chile o Israel. Aunque hay quien en estos días se ha rasgado las vestiduras por el susodicho informe, lo cierto es que menos mal que los redactores solo han anotado para su valoración aspectos como el del CGPJ, la corrupción o los desafíos de los independentistas, porque si hubieran tenido en cuenta otros, desconozco al nivel en el que nos podrían situar.

Sin restar importancia a los argumentos ya esgrimidos, la calidad democrática de un país también debería medirse por las actuaciones de sus políticos y, en ese sentido, mucho tenemos que mejorar. Qué decir, por ejemplo, del sainete en el Congreso para la aprobación de la Reforma Laboral, un texto que a no ser por el torpe error del diputado del PP Alberto Casero, hubiera supuesto un varapalo sin precedentes para el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, todo ello sin olvidar la maniobra chusca para que dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaran en contra. Un pasaje berlanguiano que terminó con el abrazo de socialistas y morados como si hubieran arrasado en el recuento y con una oposición cabreada al errar en su oscura maniobra.

La calidad democrática se debe medir igualmente por un presidente que tenga un programa de gobierno claro y transparente, en lugar de ir a salto de mata para mantenerse, practicar el oscurantismo y negociar con el mejor postor -incluido Bildu- asuntos de vital importancia para España, como hace Pedro Sánchez.

La calidad democrática se evalúa también por un líder de la oposición firme, capaz de fiscalizar al Ejecutivo y tener altura de miras en los asuntos de Estado. Por contra, aquí tenemos a un Pablo Casado que asegura que España es como Venezuela y que es capaz de mandar a los alcaldes del PP a Bruselas -no sé qué hacía allí el de Córdoba- a tratar de dejar en mal lugar a su país ante las instituciones comunitarias. Y así podríamos seguir. Somos una democracia defectuosa según The Economist, pero, visto lo visto, igual es lo menos malo que nos podía pasar.