El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra un auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en enero de 2013 que requería al Gobierno catalán a adoptar las medidas necesarias para incorporar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza junto al catalán, tras la demanda presentada por la familia de un alumno. El Gobierno catalán interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el mismo TSJC que lo desestimó, por lo que llevó el caso al Supremo, que mantiene el posicionamiento del tribunal catalán, el cual instaba a la Consejería a adoptar "cuantas medidas sean necesarias para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte a los hijos del recurrente, a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional".

En el fallo, el Supremo recuerda que el auto del TSJC da la razón a los recurrentes, si bien no en todo lo solicitado, puesto que no hace referencia a la proporción y equilibrio que debe haber entre catalán y castellano, mientras que los padres pedían para su hijo y sus compañeros "una enseñanza conjunta de las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas".

El Supremo afirma que la medida cautelar "intenta salvaguardar que la futura sentencia pueda ser cumplida, y que su pronunciamiento tenga un efecto útil, soslayando que se produzcan situaciones irreversibles". El tribunal sostiene que estas situaciones pueden tener lugar por la demora en la aplicación del sistema que alumbra la sentencia del Constitucional sobre la inmersión lingüística: "Teniendo en cuenta el paso del tiempo, y el retraso en su aplicación, curso tras curso, genera a los alumnos un perjuicio que puede ser irreparable a los efectos pretendidos en el recurso". Convivencia Cívica, que ha conducido algunos de estos recursos, ha afirmado en un comunicado que hay una docena más de casos pendientes de sentencia en el Supremo, y ha lamentado la "recalcitrante" actitud de la Consejería de Enseñanza de la Generalitat por denegar las solicitudes que estos padres han llevado a la administración.