Acabado el estado de alarma, y con la paulatina vuelta a la nueva normalidad también en los juzgados, los administradores judiciales del Córdoba CF SAD, Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu, han emitido un nuevo informe de rendición de cuentas que en esta ocasión hace referencia a un periodo de tres meses, los comprendidos entre el 9 de marzo y el 9 de junio. Y el documento recoge alguna que otra novedad sobre los últimos movimientos en torno a la sociedad.

Entre otras, una reclamación, que asciende a 149.945 euros, por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que hace referencia a las temporadas 18-19 y 19-20, y cuyo abono debe ser satisfecho para evitar descensos administrativos. Con todo, según ha podido saber el Día, las denuncias corresponden al uruguayo Bruno Montelongo y a Domingo Cisma, que vieron rescindidos sus contratos antes de tiempo, en el caso del sevillano ni siquiera en esos cursos descritos.

El dinero para liquidar a ambos se encuentra dentro de la partida depositada por Infinity en el momento de la compra de la Unidad Productiva, de la que aún quedan alrededor de 0,5 millones bloqueados por el parón sufrido en el caso por la recusación del juez Antonio Fuentes Bujalance y la tardanza en el nombramiento de su sustituto (Fernando Caballero, propuesto por la Audiencia, debe ser ratificado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial).

Es más, el consejero delegado del club blanquiverde, Javier González Calvo, ha apuntado a este periódico que ese tema está ya resuelto. "Hay dinero para pagar a ellos, entre otros. Además, hemos certificado, tanto nosotros como la administración judicial que ese dinero retenido, en el momento que sea liberado, será para ellos, que ya tienen ese documento", ha reconocido el consejero delegado cordobesista.

En cuanto a temas económicos, no es la única referencia que recoge el informe de la administración judicial. También hay lugar para la reclamación interpuesta por Clínica Beiman por valor de 178.902,72 euros tras la no subrogación de su contrato como responsable de los servicios médicos, y su solicitud de suspensión de los derechos federativos del club por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que inadmitió la misma una vez recibidas las alegaciones de la administración judicial.

Además, incluye la indemnización de 51.210,33 euros que reclama Sanivo Abogados, empresa de la que es titular la exconsejera Magdalena Entrenas, tras la liquidación de su contrato el pasado verano. Ante la misma, ya presentó oposición el pasado mes de febrero la administración judicial, aunque en este caso la solución a buen seguro no será tan rápida.

Para terminar con el tema monetario, y como quiera que no todo son malas noticias para el Córdoba, este último documento remitido al juez titular del Instrucción número 5 de Córdoba, Antonio Rodríguez Moyano, hace referencia a su vez a la concesión por parte de la Real Federación Española de Fútbol de una ayuda por importe de 229.269,43 euros en el marco del programa Cantera de Valores. Además, recoge las comunicaciones con la RFEF y la Federación Andaluza defendiendo la postura del club sobre la disputa del play off exprés, que no fueron atendidas en todo caso.

González y León, en el punto de mira

En al área judicial, según recoge el informe, las novedades afectan de manera directa a los anteriores gestores del Córdoba. De un lado, advierte del trabajo, referente sobre todo a datos económicos y de relación laboral, que viene realizando la AJ tras el requerimiento por parte del Juzgado de Instrucción número 3 en el marco de las diligencias previas iniciadas tras la querella presentada por Jesús León contra Carlos González por presunta administración desleal.

Del mismo modo, los administradores hacen referencia a su labor para ayudar a finalizar la formulación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a la temporada 18-19, y que aún están por presentar, cuando debían haberlo hecho antes del final del pasado año. En concreto, Estepa y Bernabéu han podido ya tener acceso a soporte documental que fue requerido en el momento de la detención de León, por lo que la conclusión de este proceso permitirá realizar la junta general que apruebe tales números.

Menos trabas hay de momento sobre la gestión de Unión Futbolística Cordobesa, como adquiriente de la Unidad Productiva de la SAD todavía pendiente de confirmar. Es más, el último informe concluye que la sociedad ha seguido cumpliendo con la totalidad de sus obligaciones económicas con los trabajadores y las administraciones públicas (Agencia Tributaria y Seguridad Social).

Todo dentro del contexto, que abre nuevas vías, del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor presentado el 29 de abril por ambas entidades por las consecuencias derivadas de la crisis del coronavirus, que terminó por provocar la cancelación de la temporada a excepción del play off exprés que se jugará el próximo julio sin el concurso del club blanquiverde.

Al mismo tiempo, y ya como conclusión final, el documento hace constar la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la SAD con fecha 9 de junio, cumplimentando así otro paso obligatorio para disfrutar de determinados beneficios y que había sido pasado por alto por los anteriores gestores, que siguen sin salir bien parados de los reiterados informes emitidos por la administración judicial.