La querella que Luis Oliver y Joaquín Zulategui interpusieron contra el juez Antonio Rodríguez Moyano, titular del juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, tiene pocos visos de prosperar. Los que fueran empleados del Córdoba CF durante la etapa de Jesús León en el club blanquiverde demandaron al magistrado que ordenó el proceso abierto en la Operación Trapicheos, que terminó con la detención de Jesús León y su salida fulminante de la entidad cordobesista.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido un informe desfavorable sobre dicha querella, solicitando su archivo, pues no observa ningún indicio de los delitos que los demandantes señalaban, que eran concretamente los de prevaricación, revelación de secretos y violación de los derechos individuales.

Según la información que adelantó La Jugada de Canal Sur Radio Córdoba, la Fiscalía desmonta uno a uno los argumentos esgrimidos por Luis Oliver y Joaquín Zulategui. Ante las acusaciones de prevaricación, el órgano judicial descarta que el juez cometiera tal delito apartando a Zulategui de la causa contra Jesús León, pues considera al igual que en su día hizo el magistrado que el empresario navarro no era parte perjudicada en los delitos que se investigaban contra el expropietario del Córdoba.

Además, Oliver reclamaba un posible delito de revelación de secretos, después de que Rodríguez Moyano remitiera al Consejo Superior de Deportes un informe sobre la implicación del que fuera director general del Córdoba en los asuntos legales de la entidad de El Arcángel. La Fiscalía considera que el CSD es un órgano competente para solicitar ese tipo de informes, por lo que exonera al juez de cualquier delito de revelación de secretos.

El contundente informe, remitido ahora a la Sala Civil y Penal del TSJA, pone en bandeja el archivo de la denuncia y desmontaría una de las estrategias de Oliver y Zulategui para paralizar el proceso abierto en el Córdoba CF desde que se judicializó el club y se vendió la Unidad Productiva, que derivó en la entrada de Infinity en la entidad cordobesista.

A la espera de la ratificación del juez Caballero

Al margen de ese asunto, la actualidad del Córdoba CF en los juzgados mantiene el foco puesto en la ratificación del juez Fernando Caballero García como sustituto de Antonio Fuentes Bujalance al frente del caso Córdoba CF. Ese trámite es un punto clave para que se retomen las diligencias e Infinity pueda contar pronto con el respaldo judicial firme al auto que en su día dictó Fuentes Bujalance para autorizar la venta de la Unidad Deportiva de la entidad cordobesa.

El titular del juzgado número 1 de lo Mercantil en Córdoba quedó recusado y, por tanto, apartado del caso, por su supuesta falta de imparcialidad. Tras eso, Fernando Caballero García era el juez propuesto para retomar el caso, pero una demanda por presunto cohecho de Bitton Sport (la empresa de Luis Oliver) mantiene paralizado el proceso, que también se vio afectado por el cierre judicial durante el confinamiento. El Consejo General del Poder Judicial es que debe ratificar al magistrado como el encargado de asumir el caso del Córdoba CF, pero esa decisión aún no ha sido abordada.

De esta manera, los tiempos se han dilatado, generado cierta sensación de inseguridad entre el cordobesismo respecto al futuro de Infinity en el club. Una sensación que no comparten los nuevos propietarios del CCF, convencidos de que la razón les asiste y de que el auto, que ya es ejecutivo, ganará firmeza más pronto que tarde, para en ese momento proceder a la inscripción de todos los equipos del club blanquiverde bajo la nueva Sociedad Anónima Deportiva que regirá al club.

En el Córdoba reconocen que los elementos externos parecen haberse alineado para alargar el proceso, pero no tienen ninguna duda de que la razón asiste a Infinity y de que su proyecto saldrá adelante sin mayores problemas de los no pocos que ya han tenido que sortear.