La guerra judicial en torno al Córdoba CF sigue escribiendo capítulos. El último es una declaración por parte de la administración judicial, en representación del Córdoba CF SAD, que puede limpiar parte del camino en los juzgados. Y no solo eso, sino también jugar una baza a favor de Infinity en su pelea, muda, por hacerse con el control definitivo de la sociedad tras la adquisición el pasado diciembre de su Unidad Productiva.

El proceso se encuentra en estos momentos inconcluso por la recusación del juez Antonio Fuentes Bujalance y el recurso presentado para frenar el nombramiento del magistrado Fernando Caballero como su sustituto, según determinó la Audiencia Provincial. Este último paso está pendiente de la ratificación por parte del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que de momento ya ha pedido su cuota de protagonismo.

Porque la administración judicial, formada por el letrado Francisco Estepa y el economista Francisco Javier Bernabéu, ha presentado este lunes una declaración que puede ser relevante en la decisión que debe tomar el CGPJ. Hay que recordar que sobre el mismo se presentó un escrito por parte de un acreedor advirtiendo que la elección de Caballero pudiera ser no conforme a ley. Y no solo eso, sino que Bitton Sport, empresa de Luis Oliver, se querelló contra ambos jueces por un presunto delito de cohecho.

Entre los motivos para interponer sendas reclamaciones, con el fin único de paralizar el proceso de venta de la UP y evitar su transacción definitiva de la sociedad al grupo de capital bahreiní, estaba la relación de amistad de Fuentes y Caballero. De hecho, para fundamentar la oposición, aparecieron cuatro carnés de abonado, dos bajo el nombre de cada magistrado y sellados como pases de favor, correspondientes a la temporada 15-16 que, según el denunciante, les fueron entregados por parte del club a petición del entonces administrador concursal.

Sin embargo, este lunes, Estepa y Bernabéu, apoyados en un documento también de LaLiga y tras finalizar la investigación abierta por tal motivo, emitieron un informe que concluye que los abonos nunca fueron solicitados por los jueces, y tampoco les fueron entregados; por lo tanto, nunca fueron usados. Así lo recoge el documento remitido por la patronal, que puntualiza que "no consta que los indicados pases hubieran sido leídos por el sistema de control de accesos (torniquetes)" del estadio de El Arcángel.

La Fiscalía frena a Oliver y Zulategui

Esta información puede ser relevante para la decisión que tomen tanto el CGPJ como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuya Fiscalía también ha tomado ya una decisión respecto a la querella presentada por Bitton Sport por presunto cohecho. Según informó ABC Córdoba, el Ministerio Público ha inadmitido la denuncia contra los jueces Antonio Fuentes Bujalance, que dictó la entrada en concurso de la SAD tras autorizar la venta de su Unidad Productiva, y Fernando Caballero, designado para ser su sustituto y continuar con el proceso, decisión pendiente de confirmación por el Consejo General del Poder Judicial.

Este es el segundo golpe jurídico que los ex dirigentes blanquiverdes, Luis Oliver y Joaquín Zulategui, ahora a través de su empresa, se llevan en su guerra contra la entidad. Porque hace solo unos días, el organismo ya desmontó la demanda que ambos, a título personal, habían interpuesto sobre el juez Antonio Rodríguez Moyano, titular del Instrucción número 5 de Córdoba.

Entonces, el informe emitido se catalogó como desfavorable, al no observar indicios de los delitos de prevaricación, revelación de secretos y violación de los derechos individuales que aludían los demandantes. Este magistrado fue el que ordenó el proceso abierto en la Operación Trapicheos, que terminó con la detención de Jesús León y su salida fulminante de la entidad cordobesista, y el inicio de la administración judicial que terminó por propiciar la entrada en el Córdoba de Infinity, que mantiene su hoja de ruta mientras el ruido empieza a apagarse poco a poco a su alrededor.