Nuevo capítulo en el largo contencioso judicial que envuelve al Córdoba CF. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aclarado que la demanda conocida hace unos días contra un magistrado relacionado con el Córdoba CF partió de Bitton Sport, la empresa de Luis Oliver, y no se presentó contra Antonio Rodríguez Moyano, sino contra Fernando Caballero García y Antonio Fuentes Bujalance. Eso sí, las mismas fuentes judiciales aclaran además que no pueden descartar que se haya recibido otra demanda contra Rodríguez Moyano.

El TSJA desvela de esta forma que tras la demanda que intenta paralizar de nuevo la ratificación de la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF se encuentra Bitton Sport, la empresa a través de la que Luis Oliver llegó al club blanquiverde durante la etapa de Jesús León en la entidad.

Además, el órgano judicial señala un matiz importante. La querella presentada, por un presunto delito de cohecho, afecta a los jueces Antonio Fuentes Bujalance y Fernando Caballero García, y no a Antonio Rodríguez Moyano, como trascendió hace unos días.

Antonio Fuentes Bujalance, titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, fue apartado hace unos meses del caso que ordena la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF, que adquirió el fondo de inversión Infinity, único postor en la subasta que se abrió para tal fin. El juez fue recusado después de que la Audiencia provincial estimara la reclamación presentada por la exconsejera de la entidad, Magdalena Entrenas, por una supuesta "falta de imparcialidad formal" del magistrado, en base a unas declaraciones en medios de comunicación en las que Fuentes Bujalance reconocía ser seguidor cordobesista.

Además, la demanda presentada por Bitton Sport incluye también al juez Fernando Caballero García, quien fue propuesto el pasado 14 de mayo por la Sala de Gobierno del TSJA para coger el relevo de Fuentes Bujalance en el caso del Córdoba CF.

Fuera de esta querella, por tanto, queda el juez Antonio Rodríguez Moyano, que fue el que en su día decretó la intervención judicial del Córdoba CF, tras la detención y posterior puesta en libertad de Jesús León, hasta ese momento el máximo accionista y presidente de la entidad blanquiverde. Eso sí, el TSJA matizó que no puede descartar que se haya recibido otra querella contra el citado juez, aunque en ningún caso figura en la presentada por Bitton Sport.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aclaran que la demanda por cohecho contra los magistrados Fernando Caballero y Antonio Fuentes se recibió debidamente y que fue trasladada a la Fiscalía del TSJA, para la elaboración del correspondiente informe, proceso que aún no ha finalizado.

Un proceso clave en el futuro del club

Todo este proceso judicial abierto desde que la justicia actuara contra Jesús León y que derivó en la entrada de Infinity en el Córdoba CF a través de la compra de su Unidad Productiva es capital para el futuro de la entidad blanquiverde. Con el fondo de inversión bareiní trabajando a pleno rendimiento desde hace meses en el proyecto deportivo e institucional del club, la ratificación del auto que autorizaba la venta de la Unidad Productiva es la clave para que el CCF pueda afrontar con garantía de ley la inscripción en la RFEF de sus equipos bajo la nueva sociedad -Unión Futbolística Cordobesa- con la que Infinity aterrizó en el club de El Arcángel.

El largo proceso judicial ha estado lleno de impedimentos por parte de los demás actores implicados, que ya consiguieron la recusación del juez Antonio Fuentes Bujalance y que ahora tratan de evitar la designación de Fernando Caballero como magistrado encargado de resolver el caso.

Tantas han sido las dificultades que Infinity está encontrando en el CCF que Javier González Calvo, el consejero delegado del conjunto blanquiverde, ha ofrecido su despacho de abogados para iniciar una querella colectiva contra los antiguos gestores de la entidad y contra los acreedores que intentar torpedear la presencia del fondo de inversión bareiní en el club. Ese proceso para aunar las voluntades de los abonados en una demanda común quedará articulado en los próximos días y Crowe, el despacho de abogados de González Calvo, ofrecerá a todos los abonados cordobesistas la posibilidad de sumarse a la causa.