El administrador concursal del Córdoba CF SAD, Francisco Estepa, ha convocado junta general ordinaria de accionistas de la entidad blanquiverde con el objetivo de la aprobación de las cuentas de la temporada 2018-2019 y del presupuesto de la 2019-2020, todavía pendientes. Tal y como ha anunciado el club blanquiverde en su página web, la cita tendrá lugar en el estadio municipal El Arcángel el día 26 de agosto a las 18:00 en primera sesión, mientras que la segunda queda fijada al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Según se recoge en el orden del día, en la asamblea se abordará, como primer punto, “el examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad verificadas por los auditores de cuentas de la sociedad, así como el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2019”.  Y como segundo punto el destinado al “examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019”.

Posteriormente se pasará al tercero: “examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019”. Después se tratará el cuarto y último, que es: “examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2019-20”.

Según los datos recogidos tanto por los auditores como por la administración judicial, las cuentas 18-19 presentan 1,8 millones de pérdidas pese a los millonarios traspasos realizados por la directiva de Jesús León (Sergi Guardiola y Álvaro Aguado al Valladolid o Andrés Martín al Rayo Vallecano) y una estimación de 5 millones para el curso recién finalizado que quedó muy lejos de la realidad, disparándose hasta más de 8, según ha manifestado en alguna ocasión ya Javier González Calvo, hombre fuerte de Infinity.

De hecho, la documentación vuelve a puntualizar que la venta de la Unidad Productiva al grupo de Bahréin garantiza el mantenimiento de la sociedad, los empleos y el pago de más de 3 millones de pasivos (fue la cantidad depositada en el juzgado antes de la compra). Es más, también advierte de que dada la situación provocada por la pandemia es difícil saber el futuro de la SAD, incierta de igual modo por todo lo que la rodea (causa de disolución, concurso pendiente de reafirmación, nula capacidad económica...).

El balance recoge además varios movimientos financieros relacionados con el montoreño y las cantidades recibidas en el tramo final del curso 18-19 tanto por León (287.000 euros) como por Luis Oliver y Joaquín Zulategui a través de Bitton Sport (1 millón) y Sitnosport (305.000), en función a sus sueldos y dietas por sus contratos de gestión y alta dirección en la entidad.

Del mismo modo, las cuentas reflejan una reserva para indemnizaciones del propio Oliver y su equipo de trabajo (2,4 millones) -la misma cantidad supone el grueso de la partida reservada para la batalla judicial- y más, y unos 650.000 euros para resolver expedientes de la LFP por la objeción en sus medidas de control económico.

Se esperan movimientos ante el anuncio

En la junta, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho “deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria”, lo que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

De cara a la celebración de la junta general de accionistas, el administrador concursal ha decidido "requerir la presencia de un notario público" para que levante acta de la misma, "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil”.

En cuanto al derecho de asistencia y representación, citado de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, Estepa insiste en que “podrán asistir personalmente a las juntas generales los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 30.000 acciones inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad y, en cualquier momento, desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la junta, podrán obtener la correspondiente tarjeta de asistencia”.

A eso se añade el párrafo habitual para los accionistas minoritarios, donde se explica que los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido por el párrafo anterior para la asistencia personal a las asambleas podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido, así como que “todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista”. Cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados.

“Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido por el párrafo anterior para la asistencia personal a las juntas generales podrá agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido”, continúa el comunicado de la junta general de accionistas. En el mismo se recuerda que “la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada junta”. “Con este fin, los accionistas deberán solicitar y obtener de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia”, algo que se puede conseguir en la web del CCF o en persona en las oficinas de El Arcángel, en horario de lunes a jueves de 10:00 a 14:00, previa petición de cita.