La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) ha denunciado la privatización del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Córdoba. Según el sindicato, con esta medida, el cogobierno municipal de PP y Cs incumple el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores "por el que deben de informar a las organizaciones sindicales sobre todo lo que afecte al volumen de empleo".

CTA ha acusado al gobierno local de actuar con "premeditación y alevosía" y ha calificado de "poco serio" el hecho de que se deje en manos de una empresa privada "toda la información fiscal de los cordobeses", algo que se ha denunciado a lo largo de estos años "en los que se planteaba la privatización de este servicio".

"Aún nos parece más incoherente que opten por la privatización cuando, como ya es sabido por todos, tanto el PP como su socio de gobierno Ciudadanos defendieron ante el anterior gobierno municipal que la gestión de los impuestos municipales se realizara desde el Ayuntamiento", ha recordado CTA.

El sindicato ha recordado que fue con Julio Anguita de alcalde cuando se municipalizó este área por lo que considera que "en lugar de avanzar retrocedemos". Privatizar el servicio, han insistido desde el sindicato, supone "eludir el control directo de la recaudación y gestión tributaria de la ciudad".

CTA ha reprochado que el cogobierno tome el camino "más fácil" cuando es conocido desde hace años "la falta de personal y de programas informáticos para realizar una buena gestión del servicio", por lo que entiende que "se ha mirado para otro lado".

El sindicato ha lamentado que "nunca" se haya optado por dotar de personal a este servicio e invertir en los medios técnicos necesarios para que funcione. Teniendo en cuenta, ha añadido, que "hablamos de un servicio del que depende el desarrollo de la ciudad y del propio Ayuntamiento".

CTA ha incidido en que "los costes por gestionar los servicios a través de empresas privadas suponen un mayor gasto para las arcas municipales que si se realiza con trabajadores públicos". Con ello, ha detallado que la empresa tendrá que facturar un IVA al Ayuntamiento y este dinero pasaría al Estado y "ya vemos la escasa inversión que el Gobierno central realiza en Córdoba, cero en 12 años. Ni hablar del beneficio empresarial que se va fuera de Córdoba junto al detrimento de los salarios de los trabajadores y la eventualidad de los puestos de trabajo".

La organización sindical ha alertado además de que "también experimentará un cambio la seguridad jurídica de los cordobeses, pues cuando se produzca un embargo no solo se tendrá en cuenta la ley sino el afán recaudatorio de la empresa pues a más recaudación más beneficios para ella".