El abogado de Rafael Hidalgo Castro, conocido como el Rafi, propuso ayer una condena máxima de cinco años de prisión para el presunto autor del crimen de Bujalance al entender que cometió el delito afectado por el consumo de cannabis y por un trastorno antisocial de la personalidad. El letrado defensor, Francisco Poyatos, solicitó en concreto una pena de un año de cárcel para su cliente por homicidio imprudente grave o, de manera alternativa, cinco años por homicidio con eximente incompleta.

El jurado popular será a partir de ahora el encargado de dilucidar cómo se produjo el suceso, pues tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron ayer la acusación por asesinato. El Ministerio Público solicita 21 años y seis meses de cárcel, mientras que la familia de la víctima eleva la condena hasta los 27 años y seis meses de prisión, al interpretar que el Rafi actuó movido por un pensamiento racista al ser la víctima de etnia gitana.

El letrado defensor destacó durante su alegación final la "clara ausencia de pruebas" contra el Rafi y recordó las declaraciones de los psiquiatras y de los guardias civiles que lo intentaron detener en Andújar, favorables al encartado. Los primeros aseguraron que el acusado padece una psicosis y un trastorno antisocial de la personalidad que le impiden escapar a sus impulsos: "No es que no quiera controlarse, es que no puede evitarlo", dijo. En cuanto a los agentes, negaron que el Rafi los agrediera cuando huyó esposado en Andújar, y el letrado dijo que no hay atentado "sin intención".

El abogado también sembró dudas sobre la imparcialidad de la mayoría de los testigos llamados por la Fiscalía, familiares del fallecido. Poyatos dijo que los testimonios fueron "automáticos y aprendidos", frente a los de los familiares del Rafi, que calificó de "altos, claros y rotundos". Las primeras pruebas "no valen un pimiento", dijo textualmente. "¿Es creíble que alguien esté pegando a un hombre y sus hijos, que son testigos, no hagan nada para ayudarlo?", se cuestionó. También sembró dudas sobre la minusvalía que padecía la víctima, José Reyes, de 51 años. El letrado se basó en el informe de la forense que examinó el expediente médico del fallecido, pues la experta dijo no entender por qué la víctima caminaba siempre ayudado por muletas.

La fiscal, por su parte, mantuvo que el encartado actuó de forma "sorpresiva e inesperada porque salió de su casa y con la pistola escondida", lo que interpretó como alevosía. También dijo que "es imposible que concurra la legítima defensa porque para ello era necesario una agresión de la víctima, y en este caso no la hubo". El magistrado expulsó de la sala a una hermana y a la madre del acusado durante la intervención de la fiscal, debido a que la interrumpieron con voces. El Rafi quiso utilizar su último turno de palabra e insistió en su inocencia: "No intenté matar a nadie, sólo quería sacar a mi familia de allí. Espero que se haga justicia y que se atienda a la verdad".