Una fotografía con idéntico gesto ha ilustrado los últimos 20 años el pacto social en Andalucía. La imagen se repetirá a principios del próximo año según la voluntad expresada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que quiere renovar un acuerdo que abandonará la denominación de concertación por el de pacto andaluz por el empleo. Pero quizá la estampa incorpore a nuevos figurantes. O quizá no.

Ésa es una de las incertidumbres que se ha vuelto a abrir esta semana tras conocerse dos sentencias del Tribunal Supremo que sostienen la "discriminación" que ha podido sufrir un sindicato, CSIF, en comparación con los beneficiarios históricos (los sindicatos UGT y CCOO y la asociación más representativa de la patronal, la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA), agraciados durante las últimas décadas en el reparto de la mayoría de los cursos de formación, que la Junta vinculó a este acuerdo.

Los protagonistas del pacto pueden ampliarse no sólo por esta razón jurídica, sino también por cuestiones estéticas. IU, socio de gobierno del PSOE, ha defendido repetidamente en el Parlamento la incorporación de nuevas entidades.

Esta opción no parece descabellada para otras personalidades, como Manuel Chaves, ex presidente de la Junta y artífice del primer pacto en 1993, quien aboga en conversación con esta redacción por que el actual Gobierno andaluz intente un acuerdo más abierto. Sería un mensaje a la sociedad, que ha visto este formato hasta siete veces y se pregunta si, en realidad, estos acuerdos han dado algún resultado, si han servido para algo.

A la vista de los resultados, no lo parece.

Un cuadro con indicadores (PIB, índices de empleo...) valdría más que las palabras. La concertación no es culpable del escaso nivel de desarrollo andaluz, pero ha sido un instrumento que, al menos, para el desarrollo económico, no ha servido.

Los actores protagonistas se defienden: Andalucía no es la de los 90 y hasta 2007 creció por encima de la media española; luego, llegó la crisis y todo fue distinto. Aún no hay balance del acuerdo de concertación vigente, pero es inútil volver a aquellos papeles. Evidentemente, la inversión se ha incumplido.

Andalucía ha evolucionado, pero el atraso secular de la región no ha sido superado pese a contar con una financiación europea extraordinaria. Veinte años después, los pactos sólo parecen haber sido fructíferos para las entidades firmantes.

El pasado julio la Universidad de Sevilla acogió la presentación de una tesis (probablemente la única) sobre la concertación social en Andalucía. Su autor, el profesor de Historia Económica Marcial Sánchez Mosquera, explica que un análisis de estos pactos no invita a planteamientos triunfalistas. Y eso que el estudio acaba en 2008.

Los desajustes no se han corregido, el empleo creció por la vía de la temporalidad y de la demanda de la construcción y los fondos europeos no sirvieron para cambiar un modelo productivo que hubiera permitido a la comunidad afrontar mejor la crisis. Sánchez Mosquera responsabiliza a las políticas europeas de desarrollo regional, un modelo cuestionado.

Pero la concertación sí parece que ha tenido réditos para los firmantes, tanto para la permanencia continuada del PSOE, como para la influencia de estos agentes sociales, "que recibieron financiación extra y se han convertido en agencias semipúblicas".

La Junta ha conseguido desde 1993 reducir la conflictividad social. No en vano, el primer acuerdo llegó en plena campaña electoral y en una situación de crisis económica nacional. En Andalucía se consiguió un pacto y, hasta hoy, con un modelo único en el país. ¿Réditos? "Me gustaría conocerlos; el PSOE ha seguido gobernando y tanto empresarios como trabajadores, entre comillas porque son organizaciones, han contribuido con su apoyo, pero la transparencia sobre cuánto han recibido no es todo lo transparente que debiera", afirma Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada y presidente del Observatorio Económico de Andalucía. Ferraro es muy crítico con este tipo de acuerdos y no duda en calificar de "fracaso" el balance. "Andalucía no ha mejorado en PIB per cápita en relación con España, y con la diferencia de que ha recibido mucho dinero. La teoría económica prevé que las regiones menos desarrolladas crezcan en tiempos de bonanza, pero eso, aquí, no se ha producido".

Ferraro fue un alto cargo de de Economía 1993, con el Gobierno de Manuel Chaves, y admite que al principio fueron reticentes a este tipo de acuerdo. Hasta entonces eran bilaterales y Chaves era reacio a que los "intereses corporativos" prevalecieran sobre los intereses generales, representados en el Parlamento andaluz.

Pero la opinión cambió y en los sucesivos pactos durante estas dos décadas, de crisis a crisis, empresarios y sindicatos han escudriñado las políticas emanadas del Parlamento andaluz.

El ex presidente de la Junta y actual diputado socialista en el Congreso Manuel Chaves considera que estos acuerdos, desde su punto de partida, cumplieron razonablemente su objetivo y alude a las tasas de paro y creación de empleo hasta 2008. Chaves considera por ello que es necesario un nuevo pacto y no descarta que se pueda abrir a otros partidos políticos y organizaciones sociales, a pesar de sus "riesgos". "Un acuerdo abierto adquiere mas fuerza en cuanto a apoyos y, seguramente, en generación de confianza, pero también corre el riesgo de diluir su eficacia. En todo caso, es una experiencia que, a pesar de sus dificultades, merece la pena poner en marcha".

La batalla sindical sigue abierta. CSIF se escuda en las sentencias del Supremo (sobre la aplicación del pacto, no sobre el acuerdo mismo) y reclama su sitio en la mesa. "Aquí se ha conseguido que haya poca conflictividad social, pero para nada empleo y cohesión social", afirma José Luis Heredia, presidente del sindicato. CSIF se presenta como un sindicato de corte general, aunque sus inicios estén en la función pública, y anuncia que recurrirá cualquier decisión si no se le incluye en los nuevos acuerdos.

UGT y CCOO restan gravedad a las sentencias y achacan a la "literatura" de la Junta la vinculación de estas ayudas a los acuerdos de concertación. Manuel Pastrana, secretario general de UGT, anota que las ayudas se distribuyen por "representatividad". CSIF tiene el 5%, UGT el 41% y CCOO el 39%, y en esta proporción se conceden las subvenciones para los cursos.

Pastrana, que ha firmado cuatro acuerdos desde 1999, destaca el logro de evitar conflictos laborales. "¿Hubiera ido mejor la economía con conflictos en la calle?", señala. Añade la incidencia en el diseño de las políticas, sobre todo, las sociales, y en las reivindicaciones ante el Gobierno central o la UE.

Pastrana niega la participación a otras entidades en cuanto a medidas económicas y relaciones laborales, aunque podrían entrar en otras políticas sectoriales. Francisco Carbonero, su homólogo en CCOO, señala que debe haber un acuerdo troncal al que se puedan incorporar otras entidades por sectores, pero rechaza un totum revolutum porque, en su opinión, "si no hubiera habido concertación, ¿hubiese sido mejor o peor?". "Tenemos la respuesta en estos momentos, cuando el Gobierno elude la negociación. La alternativa al diálogo es la confrontación. Ahora necesitamos un pacto para defender el peso de Andalucía en España", subraya.

La patronal contestó a esta redacción que "la concertación ha facilitado un clima de diálogo con las centrales sindicales, ha mejorado la relación entre las partes y ha evitado, en muchas ocasiones, la confrontación". La CEA propone un nuevo acuerdo porque, "en el contexto de la grave crisis económica que padecemos y en la situación política de Andalucía (Gobierno de coalición PSOE-IU), es imprescindible hacer oír la voz de los empresarios". "Si alguien entiende que es malo buscar estos objetivos es evidente que está pensando en otra cosa distinta a los intereses de las empresas y al papel de las organizaciones empresariales", añadió. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo no respondió a la petición.

Las dudas sobre el próximo modelo se resolverán en los próximos meses. Hay seguridad en que habrá (ningún gobierno se desprendería de las bondades del concepto de pacto) y que a él acudirán los firmantes históricos. La incógnita es si el pacto tendrá otro formato y, sobre todo: ¿Servirá para algo?