Los vecinos de Posadas son juzgados 18 años después por los incidentes en el camino de Torilejos con una rebaja de sus penas

Más de 18 años han trascurrido desde que el 14 de septiembre de 2007, 15 vecinos de Posadas se trasladaron al camino de Torilejos de la localidad con el objetivo de defender la titularidad pública de esta vía y exigir su apertura, pues la propiedad de la finca (La Zarza) donde se localizaba lo había cerrado con una cancela y un candado. Para evitar desórdenes se desplazó hasta el lugar más de una decena de agentes de la Guardia Civil. Sin embargo, el asunto no se resolvió como era deseable, pues en un momento dado "los agentes cargaron contra los manifestantes y hubo lesionados por ambos lados", como recordaron desde Ecologistas en Acción.

Este 22 de octubre, 18 años después de lo ocurrido, 14 de los 15 vecinos implicados (uno de ellos falleció en 2024) en la defensa pública del camino de Torilejos -que a día de hoy se mantiene abierto al público- se han sentado en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba. Una larga espera que ha empezado con la reducción de pena solicitada para los acusados por parte de la acusación particular tras la incomparecencia "no justificada" antes de la celebración del juicio de uno de los acusados, precisamente abogado de profesión.

Este miércoles la acusación particular ha decidido rebajar las penas solicitadas con el fin de que la condena no superase los cinco años de prisión y así se pudiese celebrar el juicio sin la necesidad de que el acusado que no ha comparecido esté presente en la sala. Por ende, la acusación particular, que representa a un total de 12 guardias civiles implicados en los sucesos de aquel 14 de septiembre de 2007 en el camino de Torilejos (uno fallecido en noviembre de 2024), ha propuesto la rebaja de las penas a un año de prisión para todos los acusados por desórdenes públicos; dos años por atentar contra la autoridad "en el lanzamiento de piedras a los agentes"; y otro por las lesiones provocadas.

Pese a la rebaja de condena general, la acusación particular no ha rebajado la pena de prisión solicitada para tres de los acusados a los que se les acusa de otro delito de atentado contra varios de los agentes, una pena por la que pide tres años. A la modificación se ha sumado el Ministerio Fiscal y la jueza le ha dado el visto bueno para que la vista continuase pese a la negativa de más de la mitad de los acusados, quienes se han negado a la reducción de la pena, considerando injusto "que por un mismo delito a unos se les rebaje la pena y a otros no".

La abogada del acusado que no ha comparecido al juicio no se ha opuesto a la reducción de la pena para que el juicio siguiese, incidiendo en que le ha sido imposible contactar con su cliente, por lo que ha comunicado que presentará una solicitud para renunciar al caso al considerarse incapaz de "preparar una defensa con todas las garantías" para su defensa. La jueza, al decidir continuar la sesión, ha dedicado esta a solo trámites de cuestiones previas.

"Irregularidad" de los agentes y prescripción del delito

Durante el trámite de cuestiones previas la mayoría de las defensas -al menos ocho de 14- han planteado la prescripción de los delitos, defendiendo los años que transcurrieron desde lo sucedido, el posterior auto del juzgado de Posadas dictado en 2010 y hasta el auto de procesamiento en el 2016, señalando uno de los letrados no saber "dónde está la responsabilidad penal" después de tantos años. De hecho, el abogado de tres de los acusados ha puntualizado la posible "irregularidad de los agentes en el momento de los actos", pues estaban de servicio "protegiendo" un camino que, según la documentación aportada cuenta "con la ilegalidad de la cancela -puesta por el propietario de la finca- tras la sentencia del TSJA de Andalucía y la inclusión del camino como propiedad del Ayuntamiento de Posadas".

Las defensas han presentado exámenes médicos de los acusados, pues muchos superan los 60 e incluso los 80 años de edad. También han reivindicado "confusiones" en la identidad de algunos de los manifestantes el día de los hechos. Además se ha explicado que uno de los acusados ya había sido condenado a varios años de cárcel con anterioridad debido a las lesiones provocadas a un guardia civil el 15 de septiembre de 2007, las cuales "son las mismas lesiones" que, según la defensa, supuestamente denunció ese agente el 14 de septiembre en el camino de Torilejos. "Se supone que le golpearon igual y con las mismas lesiones los dos días", ha señalado con cierta ironía el letrado.

Además de las cuestiones planteadas y de la documentación ofrecida, la mayoría de las defensas han pedido la testificación del que era subdelegado del gobierno en Córdoba en 2007, Jesús María Ruiz García, además de otras personas que estuvieron presentes en los hechos del 14 de septiembre. Así ha concluido la primera sesión 18 años después de un juicio para el que hay programadas nuevas vistas el día 29 de octubre y las jornadas del 5, 26 y 28 de noviembre y del 5 y 12 de diciembre de 2025.