La Justicia paraliza la última obra de urbanización de la parcelación Cuevas de Altázar en Córdoba
Urbanismo
La Gerencia tiene pendiente el derribo de un inmueble para la apertura del viario que conecta con la A-431
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Revés a la urbanización de Cuevas de Altázar. Un juez ha paralizado la ejecución de la última obra de la que es la primera parcelación cordobesa que ha logrado su regularización pero que, en el tramo final de este largo proceso burocrático, se ha encontrado con un escollo imprevisto. Y es que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 mantiene las obras en un impás después de que un vecino de la zona solicitara una medida cautelarísima para paralizar el derribo parcial de una construcción por parte del Ayuntamiento para la apertura de una calle, según información judicial a la que ha tenido acceso El Día de Córdoba.
El pasado 17 de junio, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba declaraba la extinción de la ocupación de una edificación de 30 metros cuadrados asentada sobre un viario de nueva apertura que servirá de salida y entrada de la parcelación y conecta con la A-431, la carretera de Palma del Río. El Consistorio requería el desalojo en diez días y apercibía de demolición al término de este plazo. El afectado, un empresario con un negocio consolidado, solicitó una medida urgente, que el juzgado concedió.
A principios de julio, operarios y técnicos de la Gerencia Municipal de la Urbanismo se desplazaron hasta el lugar para iniciar las obras, pero el inmueble no estaba desalojado y la actividad comercial continuaba. Y, pese a que la Policía Local advirtió de las consecuencias de oponerse, la decisión judicial llegada en el último momento le dio la razón al empresario. Las máquinas y los agentes no tuvieron más remedio que darse la vuelta. Días más tarde, el mismo juzgado citó a las partes a una vista y, escuchadas, corroboró las medidas cautelares, que siguen en vigor y, por tanto, los trabajos continúan en un callejón sin salida.
El juez razona que, debido a la premura del Ayuntamiento en acometer las obras, el vecino vería limitada su defensa, ya que el derribo de parte del edificio, donde se ejerce actividad comercial, iba a ser inmediato. Así, el auto expone que por puro principio de prudencia resulta obligado mantener la suspensión del derribo, pues de llevarse a cabo podría causar perjuicios "irreparables", según la información judicial. La demolición afectaría a parte de una construcción donde se realiza actividad comercial.
Un procedimiento urbanístico de más de 15 años
Cuevas de Altázar se convirtió en octubre de 2023 en la primera parcelación de Córdoba en ser regularizada por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de acuerdo a los criterios marcados por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista); en verano de 2024, la junta de compensación, es decir, los propietarios de los terrenos, iniciaban las obras de urbanización del núcleo, que se convertía así en un barrio de Villarrubia con todos los derechos. La situación beneficia a 450 familias.
Todo el proceso arrancaba en 2008, cuando se aprobaba definitivamente el plan especial de reforma interior (PERI) Cuevas de Altázar, con una superficie total de 380.940 metros cuadrados. Dos años después, en 2010, quedaba constituida la junta de compensación de la UE PERI Cuevas de Altázar, arrancando de esta manera la fase de gestión del procedimiento, en el que los propietarios han tenido que asumir un desembolso de algo más de un millón de euros, correspondientes al 10% del aprovechamiento de los terrenos.
Más tarde, en enero de 2023, Urbanismo aprobaba el proyecto de reparcelación, y en septiembre de ese mismo año se formalizaba la inscripción del proyecto de reparcelación en el Registro de la Propiedad para 370 fincas.
Una vez culminados estos pasos, arrancaba la fase de ejecución de las obras propiamente dichas para las infraestructuras provisionales de electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento. De igual manera, empezaba la ejecución del viario denominado calle Nueva, cuya gestión asumió la propia junta de compensación excepto la parte que afecta a la edificación que hay que derribar, responsabilidad del Ayuntamiento y que es precisamente el tramo que se encuentra paralizado.
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