Impedimentos jurídicos y legales, impugnaciones de licitadoras, y ulteriores rectificaciones políticas, impiden, desde hace un año, plasmar avances laborales, atribuibles a las trabajadoras, en un nuevo pliego del servicio de ayuda a domicilio de Lucena.

Hasta en tres ocasiones –diciembre del 2019 y marzo y el presente mes de mayo de este año-, el equipo de gobierno socialista ha terminado por retirar este asunto del orden del día de la correspondiente sesión plenaria. La emisión de informes técnicos que negaban solidez y viabilidad normativa a las subidas salariales o los complementos enunciados y la incertidumbre generada por una previsible soledad en la votación han motivado estos desistimientos.

La prórroga forzosa de esta prestación esencial asumida por Servisar Servicios Sociales cumple 12 meses y las trabajadoras, que acusan una reiterada frustración, han expresado su "malestar y disgusto" en una misiva remitida a los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

Este colectivo, conformado por unas 180 auxiliares, manifiesta su malestar por el incumplimiento de unos "compromisos políticos" adquiridos con diferentes formaciones como el PSOE, PP y Ciudadanos. Las demandas que plasman en la carta remitida son tres: un aumento de sus retribuciones del 2,5%; percibir el 60% o el 75% del sueldo desde el primer día de baja por enfermedad común; y garantizar un descanso de 15 minutos por cada cuatro horas de trabajo continuado.

A excepción de la primera premisa, descartada por las contundentes objeciones esgrimidas desde Intervención por concluir que únicamente compete a la Junta de Andalucía, PSOE y Ciudadanos reflejaron en un acuerdo, convenido en estos últimos días, las dos siguientes peticiones. Además, agregaron una cláusula que avalaba una estabilidad de la plantilla del 90% y la proporción de 800 horas de fisioterapia y psicología. Nuevos reparos del área de Secretaría General neutralizaron este tercer intento y el Pleno del martes pasado tampoco abordó esta materia.

"No nos pueden faltar 50 o 100 euros porque son los que mantienen la casa"

Estas trabajadoras, que ingresan remuneraciones sistemáticamente bajas, afirman sentirse "defraudadas" y advierten de que, si no concurre una modificación de las condiciones, "actuarán en consecuencia". Sandra Terán, representante sindical del comité de empresa, insiste en señalar que "es muy molesto cuando llegas a unos acuerdos y al, final, en el último momento, son quitados". En este momento, defienden excluir "las prisas" y analizar "con tiempo" la concreción de las propuestas. Por ejemplo, resalta la relevancia del suplemento de la baja por causas físicas ya que "muchas veces vamos a trabajar con gripe y con ciática y no se puede faltar porque esos 50 o 100 euros del sueldo son los que mantienen la casa", resaltando que "es algo importante para nosotros".

En estos últimos días, las fuerzas políticas han intensificado conversaciones y reuniones con el propósito de estudiar alterativas factibles que confieran sustento normativo a las mejoras reivindicadas. Los cinco portavoces de los grupos políticos, la concejala de Servicios  Sociales y el propio alcalde, Juan Pérez, se han emplazado a un nuevo encuentro que compartirán el lunes.

La responsable municipal del departamento implicado, Carmen Gallardo (PSOE), expone que, desde el equipo de gobierno, persisten en "estudiar fórmulas con todos los grupos políticos" con la voluntad de incorporar las aspiraciones reclamadas por las artífices directas de un recurso básico. Asevera, tajantemente, que un incremento del salario expreso, estampado como elemento ponderable en un pliego por un Ayuntamiento, "es ilegal y así lo ratifican varias sentencias" porque, añade, las entidades locales actúan como "intermediarios" de una facultad que pertenece a la Junta de Andalucía.

La edil socialista sostiene que solo "una hora de fisioterapia al mes, valorada en 30 o 35 euros", comporta un beneficio mayor a las trabajadoras que la elevación de la nómina en un 2,5%, traducida "en 24 euros al mes a quienes tengan jornada completa". Alude a un estudio económico, realizado por el Ayuntamiento, para remarcar que "con los 13 euros que paga la Junta el servicio no es sostenible porque el precio no se ha movido en 12 años  y los costes salariales van subiendo". Más gráficamente indica que, actualmente, solo el gasto de personal por hora ya supone 13,10 euros. Finalmente, adelantándose a la tesis de IU, Gallardo opina que "el Ayuntamiento no está preparado para asumir a 200 trabajadoras, implicaría subrogar, pero legalmente tendríamos que convocar oposiciones y, tarde o temprano, tendríamos que despedirlas y hacer convocatoria".

IU defiende la gestión directa del servicio

El único partido que, en las dos comisiones de Bienestar Social que han afrontado esta cuestión, ha emitido voto negativo es Izquierda Unida. Invariablemente, propugnan "el rescate del servicio y la gestión directa" y aluden a municipios como Puente Genil y Montalbán donde "se desarrolla con garantías plenas para el usuario y mejoras incuestionable a las trabajadoras". El portavoz de IU, Miguel Villa, argumenta que "la cobardía política" del PSOE le impide aceptar esta vía que "en algunos momentos ha estado dispuesto a apoyar cuando se han visto solos". Califica de "legítima" la "colaboración gratuita" de Ciudadanos, si bien avisa de que estas relaciones podrían condicionar futuras negociaciones entre PSOE e IU, socios de investidura.

Desde el Partido Popular siempre han mantenido que manejan jurisprudencia que respalda la aplicación, como criterio evaluable, del ascenso de los emolumentos. Una teoría que admiten apartar para anteponer el consenso y "para no enfrentarnos a los técnicos", arguye el portavoz Francis Aguilar, quien considera que "el pliego de PSOE y Ciudadanos empeora lo que tenemos" porque "quita" 3.000 comidas gratuitas o añade tres nuevas camas articuladas o grúas –hasta seis- "sin ser necesario", como relataba "un informe de la jefa del servicio". Por último, subraya su ánimo de "entendimiento" y confía en culminar "un pliego bueno para usuarios y trabajadoras".

Jesús López, portavoz de Ciudadanos, aduce que esta demora permitirá "explorar herramientas legales para encajar las mejoras". Finalmente, Vox transmite su "extrañeza" por la prolongación de esta controversia y responsabilizan "a otros partidos y sus intereses" de la tardanza en validar el expediente. Antonio Hidalgo, portavoz de este grupo, resalta que "siempre defenderemos a estos trabajadores, quienes tienen nuestro reconocimiento por atender a personas vulnerables y mayores", más aún, "en esta pandemia porque han estado en contacto con grupos de riesgo". En todo caso,  concluye que "este tema de vital importancia" ha de resolverse "ya" y exterioriza su pretensión de conjugar "las mejoras razonables y lícitas que piden y un soporte jurídico".