La Sección Penal Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha revocado una resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego de Córdoba y ha estimado íntegramente el recurso de la Asociación de Afectados de Almazaras de Priego (Almazeite) para investigar la relación documental entre esta cooperativa y la Caja Rural.

El Juzgado de Priego instruye desde hace más de un año el llamado Caso Almazaras e investiga un supuesto fraude en la compra-venta de aceite de oliva que acabó afectando a más de 2.000 agricultores de la comarca, que en la campaña 2004-2005 sólo cobraron la mitad del dinero que les correspondía por haber entregado su producción a Almazaras de Priego, una cooperativa de segundo grado.

Después de que un informe de la Unidad Caligráfica de la Guardia Civil determinara que Almazaras de Priego había abierto una cuenta en la Caja Rural de Fuente Tójar con firmas falsas, Almazeite demandó al Juzgado de Priego que aportase documentación relacionada con las líneas de descuento, pólizas, apertura de cuentas y acuerdos sociales entre las dos entidades. A través de esta cuenta, Almazaras de Priego llegó a mover más de 21 millones de euros. Sin embargo, el Juzgado de Priego desestimó la petición.

Más tarde, Almazeite, a través de sus abogados, recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Córdoba, al considerar que "las pruebas solicitadas de la Caja Rural son de gran importancia para el esclarecimiento de los hechos". Sin embargo, la Audiencia ha atendido esta demanda y ha revocado la decisión del Juzgado de Priego.

En concreto, la sala de la Sección Penal Primera insiste en que la prueba documental "debe practicarse, ya que limitar la investigación respecto a unos posibles delitos de enorme gravedad" constituye "un contrasentido". Los miembros de la sala agregan que "la función de la instrucción no es otra que determinar los hechos delictivos, personas implicadas y aportar el mayor número de pruebas posibles a fin de que las partes tengan base completa para formular sus respectivos escritos de acusación y defensa".

En septiembre de 2007, la Unidad Caligráfica de la Guardia Civil determinó que las firmas del presidente y el tesorero de Almazaras fueron falsificadas para abrir la cuenta en la Caja Rural, aunque aseguró desconocer la persona que las falseó. A partir de entonces, el juez llamó a declarar al ex secretario y al ex gerente de la cooperativa, que está imputados en el caso. También citó en calidad de testigos al ex director de la Caja Rural en Fuente Tójar y al actual jefe de área de Negocio de esta entidad en Córdoba.