La decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia responde a una lógica aplastante: es la consecuencia de que el puesto de máximo responsable del organismo encargado de proteger la tauromaquia como una manifestación cultural y artística lo ocupe un enemigo declarado de los toros, que considera la fiesta una manifestación bárbara y cruel. Es un disparate sin ningún sentido que tiene un primer responsable. El presidente del Gobierno, que es quien finalmente decide todas las actuaciones del Ejecutivo, sabía cuando le confió la cartera a Urtasun que se trataba de un radical que había hecho alarde durante años de su activismo antitaurino. Por lo tanto, el ministro no ha engañado a nadie, ha sido plenamente coherente con su pensamiento y adopta la actitud de un extremista que no admite otra ideología que no sea la suya ni respeta otra libertad que la que pasa por sus postulados. Se puede estar en contra de los toros y no pisar nunca una plaza. Pero un Gobierno democrático tiene que respetar la libertad de los que piensan de forma diferente. Los toros son una manifestación cultural y artística fuertemente enraizada en al alma de España. Ignorarlo es, más allá de una falta de sensibilidad social, una pulsión totalitaria que margina a un sector de la ciudadanía. La decisión del ministro, importante por la carga simbólica que tiene más que por la importancia del premio, se produce en un momento en que los toros han cogido un impulso que hace muchos años que no tenía. Se ha demostrado en el ciclo abrileño que acaba de concluir en la Maestranza de Sevilla o en las magníficas expectativas con las que empieza el de San Isidro en Las Ventas de Madrid. Los toros ganan impulso social, también entre los jóvenes, por más que un ministro que no sabe respetar la libertad trate de impedirlo.