Para garantizar –como se dice en el primer punto de los acuerdos entre el PSOE y ERC– que “todas las diputadas y diputados de ERC en el Congreso votarán favorablemente la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno” se harán cosas tan difícilmente encajables (aunque se encajarán a presión, debilitando aún más la separación de poderes) en nuestro ordenamiento constitucional como la amnistía de quienes la utilizan para reivindicar lo que hicieron y condenar al Estado (Junqueras: “Nada de lo que hicimos es delito… La amnistía es un reconocimiento por parte del Estado de que “muchas de las cosas que hizo, casi todas, estaban mal hechas y eran injustas”) y declaran que volverán a hacerlo (Aragonés: “Una vez asumida la amnistía es la hora de avanzar hacia la autodeterminación”).

Y se harán otras cosas difícilmente encajables, no solo en el principio constitucional de igualdad entre los españoles, sino en el terreno más objetivo de las cuentas. Como –cito literalmente– “la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado” que “supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda” y “un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses”. Para callar a las otras autonomías se dice que “se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo”.

Esto supone, por citar las dos de mayor endeudamiento, 46.274 millones en el caso de Valencia y 25.276 en el de Andalucía. Según José Manuel Corrales, profesor de Economía de la Universidad Europea, “si hubiese una condonación de la deuda autonómica en esos términos del 20% estaríamos hablando de una condonación total de 38.000 millones de euros”. ¿Quién la pagará? “El Estado, que somos todos”, contesta el profesor. Estamos todos uncidos al carro que lleva a Sánchez a la Moncloa, como quienes tiraban de la carroza de Fernando VII gritando “¡Vivan las cadenas!”. Grito que repitieron hace justo doscientos años cuando, celebrando la restauración absolutista de 1823, le añadieron “¡y muera la nación!”.