La titularidad de la Mezquita-Catedral ha vuelto a la palestra. Y, en esta ocasión, ha venido de la mano del foro Arjona y Cubas, de la Real Academia de Córdoba, que ha vuelto a debatir, otra vez, sobre quién es el verdadero o no propietario de este inmueble, que a lo largo del año pasado ha recibido la visita de casi dos millones de personas. Y si en algo coincidieron los expertos fue en el hecho de que la propietaria de la Mezquita-Catedral, al menos desde el punto de vista jurídico, es la Iglesia.

El primero en refrendar esta idea fue el ex director general y letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Francisco Javier Gómez Gálligo, quien expuso un análisis desde el punto de vista registral. Y, según este análisis, "la inmatriculación –de la Mezquita-Catedral– se hizo conforme a un procedimiento especial; era válido y se ajusta a derecho".

Con ello, incidió en la idea de que "desde el punto de vista registral el procedimiento ha sido correcto" y, por ello, "el legítimo titular registral es la Iglesia católica". Gómez Gálligo subrayó que "desde el punto de vista civil creo que también favorece a la Iglesia, pero no soy juez", si bien, añadió que con la inmatriculación del edificio –una actuación que llevó a cabo el 2 de marzo de 2006 el Cabildo Catedral– "se ha certificado un procedimiento legal y se ha certificado en base a un archivo de la Diócesis".

En esta línea, subrayó que el inmueble hasta entonces "no estaba inventariado a nombre de ninguna institución pública y no ha habido contradicción". Por ello, insistió, "creo que de alguna forma la Iglesia ha cumplido todos los protocolos desde el punto de vista registral".

Mientras, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Luis Humberto Clavería, no tuvo reparos en asegurar que "de quién sea la Mezquita es un problema que no toco, aunque a mi personalmente me gustaría que fuera del Ayuntamiento". Así, detalló que lo que hay que plantearse "es si ha habido alguien que en los últimos 30 años haya poseído el edificio en concepto de dueño".

Clavería, no obstante, reconoció que "está claro que hay una persona jurídica que ha usucapido y es propietaria del inmueble", en alusión a la Iglesia. A su juicio, el problema “vino por un falso incidente porque antiguamente no se podían inmatricular los templos”.

Algunos de los asistentes al debate, en el edificio Pedro López de Alba

Quien también acudió al debate fue el actual secretario del Pleno del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, quien elaboró un informe sobre la titularidad de la Mezquita que, a su juicio, pertenece "a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo". Y en su intervención de ayer vino a ampliar este informe, al asegurar que "la sociedad tiene una deuda con la Iglesia de reconocer –su propiedad– como tal".

"Entiendo que la Iglesia es el verdadero representante legal, es inatacable y debe seguir siéndola, como administradora, custodia y conservadora porque esa es la voluntad del Rey Fernando III y porque tiene la posesión a su favor", anotó. No obstante, incidió en la idea original de su informe: "Entiendo que la titularidad es de la comunidad universal, pero tiene que haber un representante legal, que debe seguir siendo la Iglesia".

Junto a ello, Lavela avanzó una propuesta que quiera llevar a cabo, que no es otra que la Iglesia "en un acto de sencillez, concordia y para zanjar el tema, haga una declaración a través del Cabildo y con el aval de la Santa Sede, avalada por la fe pública de un notario para poder rectificar el asiento registral para completarlo y adaptarlo a la nueva determinaciones de la ley hipotecaria y que se reconozca que aunque es la verdadera representante legal, que reconozca la titularidad universal del bien".

Mientras, la profesora de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Córdoba Amelia Sanchís consideró que "los marcos normativos no son tan ambiguos como nos hacen creer". Recordó también que "nadie, en ningún caso ha puesto en duda que era la Iglesia la que tenía que gestionar la parte del culto, pero tiene que ser de dominio público".