¿de quién es la Mezquita-Catedral? Esta pregunta parece tener, al menos hoy día, una respuesta: de la Iglesia. El 2 de marzo de 2006 el Cabildo Catedral de Córdoba inscribió el mayor monumento de la ciudad a su nombre en el Registro de la Propiedad (es decir, lo inmatriculó); lo hizo por primera vez en la historia y bajo el amparo que le ofrecía una reforma de la Ley Hipotecaria ejecutada por el Gobierno de José María Aznar ocho años antes. La Iglesia alegó que la Mezquita le pertenecía porque, en 1236, Fernando III donó el monumento a la Diócesis. No se presentó título de propiedad (porque no existe) ni un documento que, por ejemplo, defendiera la titularidad eclesiástica por usucapión, esto es, en términos poco jurídicos, alegar que se es dueño de una propiedad por haber hecho uso de la misma durante un periodo alargado en el tiempo.

El Cabildo inmatriculó así la Mezquita hace más de 12 años, un hecho que no se hizo conocido hasta bastante después y a partir del cual se generó un debate que, todo apunta, va para largo. El informe que se dio a conocer ayer es solo un capítulo. Diversos colectivos, entre los que sobresale la Plataforma Mezquita-Catedral, y también algunos partidos políticos, alzaron la voz contra esta inmatriculación (y los famosos 30 euros que tuvo que pagar el Cabildo por llevarla a cabo) al entender que el monumento pertenecía a toda una ciudad, Córdoba, y, por ende, a toda la humanidad. A partir de ahí comenzó una carrera de fondo por encontrar la vía legal, si existiera, para reclamar que la Mezquita pase a engrosar la lista de patrimonio del Estado.

Cuando el Cabildo registró la Mezquita a su nombre tuvo que abonar 30 eurosVarios colectivos han intentado reclamar en los juzgados la titularidad pública

El informe conocido ayer coincide con el anuncio del Gobierno del socialista Pedro Sánchez de que hará público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia a raíz de la citada reforma normativa de Aznar y que, además, reclamará, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, aquellos espacios que sean de dominio público. Muchos han celebrado este anuncio, pero otros han pedido calma. La Mezquita se encuentra entre los más de 40.000 bienes que la Iglesia inmatriculó, pero, ¿podrá reclamarla el Estado? ¿Es un bien de dominio público? Esto se une a la propuesta de la comisión de recurrir al Tribunal Constitucional la reforma de la Ley Hipotecaria que permitió la inmatriculación. La experiencia dice que la vía jurídica que debe utilizarse para defender la titularidad pública del monumento está aún por aparecer. Además, todo apunta a que para pedir que este histórico espacio esté en manos públicas deberá existir la intermediación de un juez (hace pocos días el Colegio de Registradores apuntaba que sólo un magistrado podrá declarar nulas las inmatriculaciones).

Ha habido algunos intentos a lo largo de estos años para reclamar que la Mezquita pasara a ser de la ciudadanía. En junio de 2015, el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba archivó tres denuncias que pedían precisamente esto por entender el juez que la Iglesia registró la Mezquita a su nombre de manera legal. Dichas denuncias las interpusieron en su momento el entonces concejal del Ayuntamiento de Córdoba Carlos Baquerín (Unión Cordobesa), el exalcalde Julio Anguita junto con otros exregidores y 206 ciudadanos y varios colectivos, entre los que se encontraban Andalucía Laica, Izquierda Unida (IU), Ganemos Córdoba o Podemos. Todas estas denuncias se interpusieron utilizando la vía Penal y desde el juzgado advirtieron de que ese no era el camino.

Un año después, en 2016, con Isabel Ambrosio ya como alcaldesa, su socio de gobierno, IU, y quien le diera la llave de la Alcaldía, Ganemos, exigieron al Ayuntamiento que inmatriculara la Mezquita. Ambrosio no tardó en responder: La Mezquita nunca ha sido propiedad municipal, así que parecía prácticamente imposible que desde Capitulares pudiera ejecutarse tal acción. Unos días después, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento confirmó lo que sospechaba la alcaldesa, el Consistorio no puede inscribir a su nombre la Mezquita-Catedral.

Sin embargo, el cogobierno no cesó en sus intentos de reclamar esa titularidad pública (en este caso PSOE e IU han ido en la misma línea, siempre con algunas excepciones), tanto que creó una comisión para determinar si dicha reclamación era posible y, de serlo, cómo llevarla a cabo.

Tras conocerse el dictamen del grupo de trabajo se confirma que en este punto entra en juego el Gobierno central, tanto porque depende del Congreso que se eleve el recurso al TC como porque del Ejecutivo depende el listado que deberá ver la luz en las próximas semanas y el reto de exigir que esos bienes (no todos) regresen al erario público. En esto último está la clave. El Gobierno, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, debe ser, o al menos así se entiende, quien reclame la titularidad pública. Pero para ello, el Ministerio de Justicia debe dejar claro si estos bienes, antes de ser inmatriculados por la Iglesia, pertenecían o no al Estado. ¿Pertenecía la Mezquita-Catedral de Córdoba al Estado antes de que en 2006 el Cabildo la registrara a su nombre? Aquí está el debate al que ha intentado arrojar luz la comisión municipal. La Iglesia, obviamente, dice que no y alega que por "consagración" -y no por usucapión- el templo le pertenece desde hace siglos. De hecho, son los actuales gestores. Pero hay otras posturas. Los acérrimos defensores de la titularidad pública -que va más allá de decir que algo tan grandioso como es la Mezquita-Catedral no puede ser de nadie y tiene que ser de todos- alegan motivos históricos y jurídicos.

La comisión de expertos ha defendido en su informe que no hay ningún documento que acredite que Fernando III El Santo donó a la Iglesia la Mezquita y sostiene que el Estado siempre fue su propietario. Pero todo esto, ya se ha dicho, parece ser sólo un capítulo más en esta historia.