Un juzgado investigará los contratos de la Plataforma del SAS en Córdoba

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto diligencias previas de investigación por presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y fraude contra la Administración ante la sospecha de que la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba podría haber fraccionado o prorrogado de manera indebida más de un centenar de contratos durante los años 2020 y 2021, en plena vorágine del Covid-19.

En un auto notificado recientemente y al que ha tenido acceso El Día de Córdoba, el juez José Luis Rodríguez Lainz da traslado de esta decisión a la Fiscalía y al PSOE, que el pasado 30 de octubre presentó una querella criminal contra la entonces directora gerente de este organismo dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y que solicita personarse como acusación popular.

En la denuncia se hace referencia a la existencia de "numerosas irregularidades", basadas en esencia en la "injustificada utilización de la contratación menor o prórrogas de contratos existentes" referidos a los ejercicios de 2020 y 2021, "como forma de eludir el trámite de procedimiento ordinario, con las consecuencias que podrían derivarse de ello en orden a la vulneración de los principios de competitividad y transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a las distintas áreas de su competencia".

Sobre la lupa se pusieron inicialmente un total de 573 expedientes (334 de 202 y 239 de 2021), aunque el magistrado hace una primera criba y deja fuera de la investigación "aquellos en los que no se aprecia evidencia alguna de comisión de infracción criminal, más allá de irregularidades administrativas que pudieran llegar incluso a la anulación de actos en sede administrativa". Igualmente, quedan fuera contratos que son de la competencia de unidades centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Unos 150 expedientes bajo sospecha

Tras este primer descarte, enumera una serie de expedientes que sí serán objeto de investigación. Del ejercicio 2020, selecciona un bloque de unos 60 contratos tramitados con "aparente fraccionamiento" como consecuencia del número de facturas emitidas y otra veintena ante la sospecha de que pudieran superar "con creces el plazo anual aplicable a la contratación menor" o fueron sometidos a prórroga, al menos a simple vista, "de forma persistente". En el ejercicio 2021, supuestamente se habrían repetido estas prácticas: el juez enumera medio centenar de contratos "con aparente fraccionamiento" y unos 15 que fueron prorrogados supuestamente sin justificación.

En total, unos 150 expedientes se encuentran bajo sospecha y serán objeto de investigación judicial. Rodríguez Lainz, aclara, no obstante, que "ello no quiere decir, de momento, que pudiera apreciarse la existencia de indicios evidentes de comisión de infracción criminal, sino que a falta de una justificada explicación de las razones por las que se obrara prescindiendo aparentemente de forma evidente las normas procedimentales estos se harían acreedores de una más específica investigación destinada a ponderar la existencia de conductas criminales".

Rodríguez Lainz prevé una "investigación compleja"

El periodo investigado coincide con la pandemia del coronavirus, que puso al límite el sistema sanitario, como bien recuerda el magistrado. "Precisamente la situación de desabastecimiento y reducción del número de posibles contratistas como consecuencia del Covid-19 llegó a suponer a numerosas administraciones públicas, y especialmente la sanitaria, la agónica necesidad de acudir a mecanismos elásticos de contratación que permitieran garantizar el suministro, especialmente cuando se trata de atender la salud de las personas", expone Rodríguez Lainz, quien apunta a una "compleja investigación" en la que, en este momento embrionario, no están determinados la naturaleza ni las personas que podrían haber intervenido.

Por lo pronto, apunta a indicios de presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y fraude contra la Administración. Aclara asimismo que la posible imputación de otras infracciones criminales que el PSOE indicaba en su querella (malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal) "dependerá de la evolución de las actuaciones", al igual que la citación o no como investigada de Valle García.