SE avecinan tiempos difíciles, aún más, y ahora más que nunca es momento de exigir responsabilidad. Responsabilidad a los políticos, responsabilidad a los empresarios, responsabilidad a los trabajadores, a los sindicatos, a todos aquellos que de un modo o de otro intervienen en los distintos engranajes de la economía. Sólo así se podrá salir del atolladero en el que nos hemos metido después de unos años de bonanza ficticia. O nos hemos dado cuenta tarde de lo que ha ocurrido o nos han hecho ver que la situación no era tan mala como realmente es. Creímos que todo el monte era orégano y nos hemos encontrado con un cerro de espinos que amenazan con pinchar nuestras estructuras sociales, políticas, económicas y, sobre todo, domésticas. Es el momento de pedir responsabilidades a la clase política, que tiene que dar ejemplo de diligencia en las actuaciones y de austeridad en el gasto. Mucho me temo que hemos perdido unos años clave para el desarrollo de la ciudad. Las infraestructuras que hace ahora una década se presentaban como la clave del avance de Córdoba siguen sin hacer y los años de bonanza se han esfumado, y ahora sólo quedan las maquetas. Pueden haber sido años estériles, de falso desarrollo, porque a día de hoy estamos como antes de la bonanza vivida desde finales de los 90. Está claro que no hemos hecho los deberes. ¿Y ahora, qué?

El pesimismo, que lo inunda todo en tiempos de crisis, no es la mejor receta. Sólo el sentido común y la responsabilidad que ha faltado estos años de atrás a la clase política cordobesa salvarán al menos los muebles.

Por eso la noticia de que la supermulta de 24,5 millones de euros impuesta a Rafael Gómez puede haber caducado y llegar incluso a la prescripción -es decir, a no cobrarse- es todo un mazazo. Y es un duro golpe no sólo para las arcas municipales, que prevén el cobro de la sanción como elemento imprescindible para su equilibrio, sino también para la ciudadanía de a pie. Confieso que me quedé atónito cuando me enteré de que la supermulta podría haber caducado. Pero, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde puede llegar la dejadez y la falta de gestión? Es como si el balón de oxigeno que esperábamos para seguir viviendo se desvaneciera porque se nos ha olvidado respirar. Sólo la duda de que no se pueda cobrar esta multa ofende.

Es cierto que no hay que adelantar acontecimientos, que el Ayuntamiento aún tiene margen de maniobra, o al menos eso dice la alcaldesa, Rosa Aguilar, para evitar que la sanción prescriba definitivamente. Está claro que caducidad no es lo mismo que prescripción -con esta última opción el empresario se iría de rositas-. Tampoco el juez ha sentenciado nada aún, pero a nadie se le oculta que si el magistrado falla la caducidad de la sanción, reiniciar otra vez el expediente -iniciado en 2005- sería un proceso que nos llevaría varios años y ya estaríamos otra vez a vueltas con la burra. Y Gómez sin pagar. La verdad es que da que pensar que un señor levante 40.000 metros de naves industriales sin licencia y nadie diga nada cuando, afortunadamente, se están parando constantemente construcciones en las zonas de parcelas. Da qué pensar. El problema es que ahora tendríamos que estar con la mente ocupada en otras cosas que urgen más, como sacar a flote las cuentas del Consistorio. Lo de Gómez debería estar solucionado y el dinero en las arcas del Ayuntamiento, tal y como está previsto en los presupuestos, paliando el déficit. Por eso, en tiempos de crisis, gestión y sobriedad son los dos mejores argumentos que pueden exhibir los dirigentes. De otro modo, la ciudadanía, ya bastante apartada de la vida pública por los constantes desengaños, dará la espalda a los dirigentes y cada día será menos participativa.