¿Estamos preparados para resolver delitos a través de la mediación entre las partes implicadas: casos en los que el infractor tenga la posibilidad real de reparar el daño causado a la víctima -o sociedad, en caso de que no haya víctima-, y, del mismo modo, que la víctima y el infractor puedan llegar a un consenso que favorezca una reinserción total? Este planteamiento supone un "cambio de mentalidad" respecto a otros métodos de justicia más tradicional, defienden algunos expertos.

En este tipo de programas de mediación entre menores, la provincia de Córdoba ha sido pionera en Andalucía, junto a ciudades como Granada o Sevilla, participando en diferentes convenios con la Administración hasta que la Junta decidiera, debido al notable ascenso en el número de casos de mediación, implantarlo en 2010 en toda la comunidad, externalizando el servicio a entidades privadas o asociaciones.

En Córdoba, la asociación Imeris es la actual adjudicataria del Servicio de Mediación Penal de Menores por un contrato de 370.000 euros durante cuatro años -más uno prorrogable-, que finalizarán en diciembre de 2023. 

Conociendo los datos del último informe, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, se ha desplazado este miércoles hasta esta sede para poner en valor el método de resolución alternativa de conflictos: "La mediación es una alternativa cuando un menor comete una infracción", ha asegurado López que, ha añadido, "tiene una alta positividad en cuanto a su valor pedagógico, sobre todo desde el punto de vista de la reparación".

La tendencia de estos procedimientos de mediación es ascendente. El informe referente al ejercicio 2021, avala que Córdoba es la segunda provincia andaluza que más utilizó este recurso (388 mediaciones), creciendo respecto a 2020 en un 114%. "Valoramos positivamente estos datos puesto que abarcan diferentes ámbitos", señala la delegada.

"Desde el punto de vista del menor el carácter educativo y el enorme valor social de su reinserción; desde el punto de vista de la víctima porque consigue una reparación en muchos casos más satisfactoria que con los servicios sociales; y desde el punto de vista judicial porque al hacerse con carácter extrajudicial evita la sobrecarga que tienen los Juzgados de Menores, ya que una vez que se derivan desde Fiscalía no continúan su tramitación", ha respondido López.   

El 99% de los expedientes que deriva la Fiscalía de Menores a Imeris son extrajudiciales por lo que, además, permiten evitar una condena o que haya antecedentes penales; por su parte, lo primero que asume el menor es el daño que ha hecho y que está dispuesto a repararlo de forma directa a la víctima o indirecta a través de trabajos a la sociedad. "Los menores responden muy bien a esta medida, se reinsertan en la sociedad, aprenden el valor del hecho cometido y con la finalidad de la reparación del daño desde el punto de vista de la víctima o de la sociedad", ha explicado Raquel López.

El porcentaje de éxito roza el pleno, con un 98% de reinserción en los casos donde existe una predisposición entre las dos partes. En el caso de la parte perjudicada, la reparación, el éxito del programa desciende hasta el 85% porque a la víctima le puede parecer que no es la mejor forma de resolver el conflicto o participar.

Los conflictos que se tratan suelen estar relacionados con problemas de lesiones físicas, insultos o amenazas, en torno a un 60% del total, subraya la coordinadora del servicio en Córdoba, Ana Altamirano. A partir de ahí, el abanico se amplía en cuestiones con la autoridad, hurtos en establecimientos comerciales, educación vial, daños o destrozos y, en menor medida, cuestiones de índole sexual, como el envío de fotografías.

Sobre el perfil del infractor no existe un prototipo definido en cuanto a género, nivel socioeconómico o geográfico, asegura la coordinadora, que también descarta que haya una alta tasa de menores extranjeros, en torno a un 8-9%, o de menores tutelados, en torno a un 10-15%, entre las estadísticas.