El secretario provincial del PSOE y candidato a la Alcaldía, Juan Pablo Durán, se comprometió ayer a proponer en la primera junta de portavoces, si gana las elecciones, la congelación de los sueldos de los concejales para 2012, y anunció que hará otra propuesta destinada a disminuir la aportación del Ayuntamiento a los grupos municipales. Durán indicó que estas medidas, que se incluyen en el plan de austeridad previsto en el programa electoral del PSOE para las próximas municipales, tienen como objetivo "reducir gastos y, a la vez, mejorar el servicio al ciudadano", pues "lo fundamental es trabajar por Córdoba, para mejorar la situación económica en la ciudad e incrementar el empleo".

El aspirante socialista recordó otra de sus propuestas incluidas en el plan de austeridad referida a la eliminación de los gastos en comidas institucionales del Ayuntamiento, así como la reducción del número de teléfonos móviles del Consistorio, y la limitación en el consumo de estos teléfonos y de los fijos. Durán hizo hincapié en su compromiso de que, cuando sea alcalde de Córdoba, todos los viajes que realicen concejales y personal del Ayuntamiento en representación local se realicen en clase turista, como medida para reducir el gasto.

A estas propuestas se añade, resaltó Durán, la supresión del servicio de escoltas de los concejales, pues "las circunstancias que obligaron a ponerlo en marcha han cambiado", y se sustituirá por medidas de contravigilancia, lo que permitirá "mantener la seguridad de los ediles pero disminuyendo gastos y favoreciendo el ahorro".

Durán insistió en que el plan de austeridad recoge también la reducción de coches oficiales en el Ayuntamiento, eliminando los asignados en este momento a los portavoces de los grupos políticos y al alcalde, con el fin de promover que "los concejales compartan vehículo". Esta medida implicará, según el candidato socialista, "un ahorro para el Ayuntamiento y una contribución a una movilidad más sostenible".

Recordó, asimismo, que dicho plan se sustenta en tres ejes: la disminución de gastos de funcionamiento del Ayuntamiento; el ahorro financiero mediante la gestión de la deuda externa, y la tercera parte supondría una reducción de cargos públicos.