Córdoba

CECO defiende la superficie comercial de la carretera de Palma

  • Antonio Díaz asegura que “todo lo que sea inversión para la ciudad es bienvenido” y recuerda que es un proyecto anterior a la crisis

El presidente de CECO, Antonio Díaz.

El presidente de CECO, Antonio Díaz. / Juan Ayala

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz ha defendido el proceso por el que se ha concedido la licencia a la empresa a Mitiska Reim, promotora que está detrás del parque comercial Los Patios de Azahara que pretende construir en el entorno de la carretera de Palma del Río en una parcela de 23.000 metros cuadrados.

Díaz ha matizado la postura de Comercio Córdoba, que apunta que irá incluso a los tribunales llegado el momento y ha recordado que este proyecto es “anterior a la crisis económica, no es nuevo”, en relación al argumento del comercio de que el Pleno acordó no conceder nuevas licencias para el desarrollo de grandes superficies.

El presidente de los empresarios ha asegurado que la iniciativa “ya estaba programada” dentro del parque, que comenzó con negocios como Decathlon o Leroy Merlin, por lo que “lo único que ha hecho la empresa ha sido solicitar licencia para poder hacer la obra”.

Díaz ha defendido también el proceso ya que “las licencias son un acto reglado de la administración y hay que cumplir la norma” por lo que, ha entendido, “si la administración ha otorgado la licencia es que tendrá derecho a ella”.

En cuanto a la amenaza de Comercio Córdoba sobre acudir a los tribunales ha asegurado que “ya se verá en su momento” pero se ha mostrado partidario de que “todo lo que sea inversión para esta ciudad es bienvenido”.

Comercio Córdoba se ha mostrado en contra del proyecto y defiende que se trata de una innovación “encubierta” del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que ya ha caducado la licencia de actividad que en su día concedió a la empresa la Junta de Andalucía. Además, critica la “falta de diálogo”.

El colectivo asegura que, con la resolución dictada, “pretende evitar la aplicación de la legislación vigente en materia de Comercio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, concediendo una licencia de obras en un tiempo absolutamente excepcional comparado con otros expedientes de otros promotores que llevan meses y hasta años esperando la resolución, y a cuatro días de que caduque la licencia de comienzo actividad”.

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