La subida del precio de la electricidad ha llevado a muchos establecimientos de hostelería a ver cómo el importe de su factura se multiplica, una realidad que preocupa mucho a un sector que ya ha organizado acciones de protestas como el apagón del próximo martes, 8 de noviembre, para solicitar medidas. En el caso de Córdoba, Hostecor ya ha anunciado que se llevará a cabo en bares del centro como la plaza de las Tendillas, la calle de la Plata o Cruz Conde a las 19:00. 

Está previsto que los establecimientos de hostelería de Granada, Córdoba, Ciudad Real, León, Murcia, La Rioja, Alicante, Almería, Ávila, Sevilla, Lleida, Zaragoza, Teruel, Asturias y Salamanca, paren su actividad durante unos minutos para hacer visible la delicada situación a la que les aboca esta subida de costes.

En el parón de Córdoba se leerá un manifiesto y desde Hostecor han pedido a los comercios de la zona que se sumen a la protesta. 

En Madrid habrá un apagado simbólico en la Plaza Mayor a las 19:00 y en la esquina con calle Ciudad Rodrigo se procederá a leer el manifiesto por parte de representantes de las asociaciones de hostelería y comercio.

"La hostelería está altamente preocupada por el descenso de la rentabilidad, es un problema muy serio", subraya el presidente de la patronal, José Luis Yzuel.

Les llegan facturas eléctricas que triplican las de hace un año y que dejan a muchos empresarios con muy poco margen y sin saber "cuánto van a poder aguantar".

Es una realidad generalizada que se puede cotejar establecimiento a establecimiento, como es el caso de Oceanika, un restaurante peruano en Madrid que ha recibido una factura de luz de 7.400 euros, una cifra desorbitada frente a los 700 o 1.000 que solía pagar, explica su gerente, Carlos Andrés Pérez.

Ante la gravedad de esta situación, los hosteleros reclaman una revisión y una modificación del sistema de cálculo de tarifas, disponer de un estatuto "similar" al de consumidor electro intensivo o aprobar bonos eléctricos con los remanentes de las ayudas covid-19 al sector que cifran en 3.000 millones de euros.

Piden además eliminar los peajes y hallar fórmulas de contratación adaptadas a la realidad, una bajada de los impuestos eléctricos y de los costes regulatorios con suspensiones temporales, moratorias y aplazamientos y promover los sistemas de compra agrupada, entre otras medidas.