El Consejo de Ministros ha acordado este viernes plantear un conflicto positivo de competencias al Gobierno de la Junta de Andalucía por la convocatoria para la subasta de medicamentos y ha solicitado la suspensión de la norma, según consta en la referencia del Consejo de Ministros. Será la tercera vez que el Ejecutivo lleve al Tribunal Constitucional la iniciativa andaluza. El Gobierno presenta este conflicto de competencias contra la Resolución del 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud.

El Estado considera que es necesaria la interposición de conflicto de competencia al tener en cuenta sus propios antecedentes (impugnación de la Ley de Farmacia de Andalucía, de 2007), y de una Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de 2012 y, además, porque la resolución motivo de la impugnación es la segunda de las que se han dictado en el mismo sentido por el SAS para anunciar la convocatoria para la selección de medicamentos. El Gobierno señala que en su contenido establece un mecanismo de financiación y fijación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no previsto en la normativa básica estatal, "con la consecuencia inevitable, además, de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud". 

Con ello, considera que "se están vulnerando, por una parte, las competencias estatales en relación con la legislación farmacéutica al establecer previsiones específicas sobre la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello; y, por otra, en relación con la legislación básica en materia de sanidad al modificar la cartera básica común de servicios establecida por el Estado, al excluir desde el punto de vista del ciudadano presentaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica, y fijando un mecanismo de financiación de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no previsto en la legislación básica estatal". Así, cree que esta cuestión "puede incidir de manera directa e inmediata en la salud de la ciudadanía", más allá de un conflicto competencial entre administraciones, "al ser competencia exclusiva del Estado la de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

Montero acusa al Gobierno de falta de respeto a la Junta y al Constitucional

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha denunciado la "falta de respeto" del Gobierno del PP a las "instituciones, a la Junta y al Tribunal Constitucional" al recurrir por tercera vez la subasta de medicamentos de la administración andaluza. Montero ha sostenido que con esa decisión el Gobierno demuestra que "prefiere defender los intereses millonarios de la industria farmacéutica, que en crisis tiene que hacer un esfuerzo como lo hace el conjunto de los ciudadanos y hasta los pensionistas, que aportan dinero para pagar los medicamentos".

La paralización de la subasta, con la que la Junta ha estimado un ahorro de 200 millones que ya no están en el presupuesto de 2013, implicaría un ajuste similar al despido de 6.500 trabajadores, al cierre de un hospital como Puerta del Mar (Cádiz) durante un año, al cierre de centros de atención primaria de una provincia como Córdoba, al desmantelamiento de la red de unidades móviles o helicópteros de la empresa de emergencias sanitarias, según la consejera. No obstante, la consejera ha confiado en que el Tribunal Constitucional resuelva pronto en el mismo sentido que en los anteriores recursos del Gobierno, en alusión al levantamiento de la suspensión cautelar de la subasta, para continuar el proceso con normalidad.

María Jesús Montero ha opinado que esta "lamentable" decisión del Gobierno responde a su "oposición a que se pueda demostrar que hay una forma distinta de hacer las cosas y salir de la crisis de otra manera y que el único camino posible no es la privatización, el cierre de centros o el despidos de trabajadores". "Andalucía es la expresión de una forma distinta de salir de la crisis y de hacer los ajustes en el gasto en educación y sanidad, ya que hemos preferido bajar la cuenta de resultados de la industria farmacéutica y no repercutirlo ni en los ciudadanos, ni en la oferta de servicios ni en la calidad del trabajo", ha proclamado Montero. Asimismo, ha apuntado que no existen muchos casos en los que el Tribunal Constitucional se haya visto obligado a pronunciarse tres veces sobre la misma materia.

La Consejería de Salud y Bienestar Social publicó en diciembre pasado la segunda convocatoria pública para adquirir medicamentos mediante una subasta, que en esta ocasión incluye 330 principios activos, tras el levantamiento de las medidas cautelares impuestas por el Constitucional a raíz de un recurso del Gobierno central, sobre cuyo fondo aún no se ha pronunciado el Alto Tribunal.