La sentencia que condenó a nueve años a los cincos sevillanos fue recurrida por la Fiscalía, la víctima, la defensa de los condenados y las acusaciones populares que ejercen la Comunidad foral y el Ayuntamiento de Pamplona. El Ministerio Público pide que se eleve la condena a 18 años, al estimar que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual, y la defensa reclama la absolución.

El abogado de los cinco sevillanos, Agustín Martínez, considera "demencial" la sanción de Protección de Datos.

Agustín Martínez asegura que si en las 600 horas que grabó el supuesto infiltrado "no ha salido en ningún momento dónde está el cuerpo es porque no lo saben". El letrado afirma que en el caso del asesinato de Marta "hay que buscar Justicia, no venganza" y recuerda que el Cuco "ya ha cumplido su condena" por el encubrimiento.

La formación de ultraderecha dice que “ningún representante oficial” le hizo ofrecimiento alguno al abogado.

Considera que las afirmaciones del letrado tienen "escasa credibilidad" porque no recuerda ni siquiera quien le llamó haciéndole la propuesta.

Agustín Martínez está registrado somo simpatizante de la formación de izquierdas e incluso votó para echar a Pablo Iglesias a raíz de la polémica por la compra del chalé. También fue apoderado de Izquierda Unida en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, celebrado en 1986.

El abogado que defiende a los cinco jóvenes sevillanos rehusó amablemente el ofrecimiento porque "no le interesa la política".

El recurso se centra fundamentalmente en los argumentos del magistrado que emitió el polémico voto particular en la primera sentencia, luego ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El tribunal reitera que no hay un incremento del riesgo de fuga porque el TSJN haya confirmado la condena de nueve años. El presidente de la Sección Segunda vuelve a emitir un voto particular en el que considera que debió acordarse el ingreso en prisión de los cinco jóvenes sevillanos hasta la mitad de la condena, mientras el Tribunal Supremo dicta su sentencia.

Reprocha a la Fiscalía que actúe bajo "directrices políticas" después de que la vicepresidenta del Gobierno destacara que era previsible que fuesen encarcelados "inmediatamente".