Este lunes comienza el juicio de un espeluznante caso de pederastia, con una única víctima y varios agresores, todos pertenecientes a la misma familia. Un menor de seis años recibió brutales abusos sexuales por parte de su abuelo, un tío y un primo, que le violaron en repetidas ocasiones durante períodos de vacaciones de verano, cuando la víctima se desplazaba a los respectivos domicilios. La Fiscalía pide 10 años de cárcel para cada uno, órdenes de alejamiento y una indemnización de 60.000 euros. La víctima tuvo que someterse a tratamiento psicológico durante dos años.

El período estival del menor, lo que tenía que haber sido un tiempo de asueto y diversión, se convirtió en una pesadilla. Con seis años, comenzó a ser objeto de tocamientos a manos de su abuelo materno, quien le vejó hasta en quince ocasiones. Los abusos pasaron a ser agresiones sexuales, cuando éste comenzó a violarle. Estos hechos se producían cuando el niño dormía con su abuelo en los periodos vacacionales en la casa en la que vivía en la localidad riojana de Ezcaray.

El pequeño no reveló en su momento las agresiones a las que era sometido, debido a las coacciones del supuesto agresor. Según la Fiscalía, el procesado le advirtió que si contaba "el secreto" iba a parecer "un cerdo".

Lamentablemente, la escabrosa historia no había hecho más que comenzar. Pocos meses después, la víctima se desplazó a la casa de Madrid de otros familiares durante las vacaciones. Allí comenzó a sufrir los abusos del primo de la madre de la víctima, de 22 años. A tal conducta abusiva se sumó el padre de éste, quien en cinco ocasiones sometió al pequeño a aberrantes vejaciones.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de mañana a José Antonio R.G., José Antonio G.O. y José Antonio G.G. por todo esto. Se enfrentan a una petición de 10 años de prisión cada uno por un delito continuado de agresión sexual, así como al pago de una indemnización de 60.000 euros. También se pide que se les prohíba comunicarse y aproximarse a la víctima en una distancia inferior a 500 metros durante cinco años.

En el escrito de acusación, la Fiscalía de Madrid recalca que esta truculenta situación llevó al menor a 'una gran afectación emocional', precisando desde noviembre de 2002 hasta finales de 2004 de tratamiento psicológico a fin de paliar sus sentimientos de 'culpa, vergüenza, miedo y rabia'. Durante ese plazo, asistió a terapia por 'su situación anímica, su baja autoestima y para aumentar su capacidad de autoprotección'.