Disparidad de pareces y apreciaciones entre el Ayuntamiento de Lucena y la Junta de Andalucía al deducir las causas y las responsabilidades dimanadas de los desperfectos y perjuicios ostensibles en el entorno del kilométrico 39 de la carretera A-318, dentro del término municipal de la localidad.

El trazado afectado discurre desde el Polígono Industrial de los Polvillares hasta la conexión con la A-45 y la Autovía del Olivar. En una zona cercana a estos enlaces, en las proximidades del yacimiento romano de Los Tejares, la estructura de esta vía, ya usada como alternativa secundaria, presenta serios deterioros.

Desde la Junta de Andalucía focalizan el origen de estos menoscabos en la reparación acometida por el Consistorio tras la rotura de un colector, de propiedad municipal, en marzo del 2018. Fomento ha recordado que, entonces, hace ahora tres años, ya emplazó a la administración local a resolver las posibles afecciones ocasionadas por el conducto, en principio, subterráneo, y a remitir el oportuno proyecto.

La Junta argumenta que, hasta la materialización de la obra de urgencia, la incidencia motivó el vertido de aguas residuales que incrementaron la erosión de los terrenos adyacentes.

La delegada territorial del ramo, Cristina Casanueva (PP), aduce que “tres años después seguimos esperando que el Ayuntamiento presente la propuesta de reparación”. En el relato de lo sucedido, significa que “se comenzó a poner otro colector, sin ningún tipo de autorización y entonces se le tuvo que requerir un proyecto”. El permiso subsiguiente, puntualiza Casanueva, “se le indicaba que tenían que resolver la patología y los daños producidos”.

La interpretación pronunciada por el alcalde de Lucena, Juan Pérez, resulta ciertamente enfrentada. Sobre cualquier otro análisis, el primer edil estima que esta controversia “tendrán que verla los técnicos de la Junta y los técnicos municipales”.

De acuerdo a la información transmitida por el regidor socialista, “la erosión que ha ido provocando el río” terminó por situar al colector “a la intemperie, sin sustento” y abunda en que “el río está perforando y ha roto el talud”.

Pérez asegura que el Ayuntamiento “tuvo que pedir permiso para hacer la obra de urgencia” y se optó, desde la administración local, por desplazar, a la margen opuesta, esta infraestructura pública, en una actuación que se prolongó “unos siete o diez días”.

Desde entonces, y para Pérez supone el aspecto clave, “el río sigue haciendo sus efectos y está provocando un socavón de gran importancia” y, en estos momentos, se contempla incluso en una posición “perpendicular”. Las intermitentes “crecidas” del cauce “provoca todos esos daños” e, insiste, son desgastes y degradaciones “ya no provocadas por el colector”.

Por todo ello, Pérez sostiene que, al igual que el Ayuntamiento asumió la restitución del colector, a consecuencia de los efectos del río, este mismo impacto, de una corriente natural que avanza por su curso habitual, en una carretera, de titularidad autonómica, ha de ser asumida, ya que es lo “lógico”, por la Junta.