El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, integrado por el Partido Popular y por Ciudadanos, apenas lleva unos días de gestión, pero ya ha dado sus primeras sorpresas. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, uno de los fichajes del presidente Juanma Moreno, ha tenido que escarbar poco en la herencia recibida en su departamento por el anterior gobierno socialista para darse de bruces contra el muro de la realidad. Y es que el centro hospitalario de alta resolución de Lucena, el llamado CARE, tendrá que esperar. Al menos, hasta que haya disponibilidad presupuestaria en la Consejería.

Aguirre lo dijo de manera muy clara este viernes pasado a preguntas de los periodistas durante su primera visita al hospital Infanta Margarita de Cabra. Se encontró una “cartulina en blanco” para financiar el complejo sanitario lucentino. Esto es, ni un euro para costear una infraestructura muy demandada por los vecinos y que, según el gobierno socialista saliente, tenía presupuesto comprometido hasta 2023, fecha en que, teóricamente, debía abrirse. Al menos, es la previsión que consta en la memoria del CARE, cuya redacción dejó el PSOE en proceso de licitación con una salida de algo más de 1,2 millones de euros.

El consejero ha asegurado que el proyecto “entronca” con su “línea de trabajo” y reconoció que “es necesario”. Dijo, en este sentido, que “si en Lucena hay una población diana suficiente para diferentes especialidades” hay que “acercar los servicios desde el hospital a través de un CARE”. Lo que no está muy claro aún es cómo obtendrá el dinero para financiarlo. Porque todo dependerá, además, de las conclusiones que saque el equipo de evaluación de las nuevas infraestructuras sanitarias compuesto por profesionales y técnicos que la Consejería tiene previsto crear en cada provincia para ajustar lo máximo posible los recursos disponibles, que parecen escasos, a las necesidades de la población en cada territorio.

El hospital de Lucena, reducido desde aquel mastodóntico centro sociosanitario llamado a ser una revolución para el sector, apenas tendrá una veintena de camas según el proyecto que se encuentra en fase de licitación, si no sufre un nuevo traspié. Los terrenos, cedidos hace años por el Ayuntamiento, continúan convertidos en un forrajal donde únicamente existe un helipuerto que utilizan los servicios de emergencia sanitarios de la localidad. Algo es algo.

También ha habido sorpresas esta semana para los funcionarios de Justicia, que se quedarán por el momento sin el complemento salarial de 90 euros mensuales que se iba a hacer efectivo en un período de tres años, una media que fue acordada por el anterior Gobierno andaluz en la mesa sectorial d que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2018, a tan sólo cinco de las elecciones autonómicas que terminaron echando a Susana Díaz con la Junta de Andalucía. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, anunció en el Parlamento que este compromiso para la subida salarial de los empleados de la Justicia no puede cumplirse porque, en el caso de hacerlo, cometerían “una irresponsabilidad y una ilegalidad”.

La clave está, como en el caso del hospital lucentino, en la “cartulina en blanco”, como diría Aguirre. Y es que el incremento de más de cuatro millones en 2019 carecería de respaldo presupuestario, por lo que si se acometiera ahora ese gasto se generaría un déficit presupuestario que la Consejería tendría que cubrir con presupuesto propio o a través de la generación de un crédito externo que debería ser autorizado por Hacienda. Un laberinto del que parece complicado salir.

El temor es que esas cartulinas en blanco empiecen a ser comunes en los próximos días. Y que tampoco existan datos comprometidos para el nuevo palacio de justicia de Lucena, para la reforma del Hospital Universitario Reina Sofía, para la Autovía del Olivar... No estamos para tantas sorpresas.