La designación de cargos públicos ha abierto la caja de Pandora en Izquierda Unida. Sobre todo, tras los calamitosos resultados de la coalición de izquierdas en Córdoba capital en las elecciones municipales y el criterio defendido por la dirección para enviar a la Diputación de Córdoba a determinados nombres una vez que en el Ayuntamiento ya no hay encaje para todos.

Tal es el malestar existente que una treintena de cargos electos de IU, entre ellos seis alcaldes que cuentan con mayoría absoluta, ha elevado una queja a la Comisión Andaluza de Garantías Estatutarias, la Comisión Colegiada de IU y la Coordinadora Provincial en la que solicitan una “intervención urgente” con la finalidad de “impedir que se aplique un criterio claramente antiestatutario”.

La más que probable designación de la ya ex concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba y secretaria provincial del Partido Comunista, Alba Doblas, como diputada provincial ha causado gran crispación al entender parte de las bases que en la institución provincial se debe dar preferencia a los municipios. Aunque la gota que ha colmado el vaso es el veto de la dirección de IU a que los propios alcaldes puedan contar con un asiento en el palacio de la Merced, lo que sí ocurre con otras formaciones como el PSOE o el Partido Popular.

El documento está firmado por nombres de mucho peso en la formación, como el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, que encadena tres mayorías absolutas; la de Almodóvar del Río, María Sierra Luque, que inicia su quinto mandato; la de Cardeña, Catalina Barragán; el de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, o la de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores. Todos cosecharon unas imbatibles mayorías absolutas en sus municipios en las últimas municipales.

Estos regidores, más un buen número de concejales y coordinadores locales, hasta una treintena de cargos, entienden que la decisión de que los alcaldes no puedan ser diputados provinciales, como ha ordenado la dirección, “supone una vulneración de lo dispuesto en los estatutos de IU”, pues “fija una incompatibilidad entre alcaldes y diputados provinciales” que la normativa interna, realmente, no contempla.

Recuerdan los cargos electos, además, que la Coordinadora Provincial “no es órgano competente para interpretar o modificar” los estatutos, lo que supone “una vulneración flagrante de los derechos de participación de los afiliados”. “Dado que no vemos un procedimiento claramente establecido y reglado en nuestros estatutos para la elecciones de diputados provinciales y que entre las funciones de la coordinadora provincial no está la de elegir a los diputados”, los cargos electos solicitan a la Coordinadora Colegiada Andaluza a que inste a la dirección provincial “a que se respete el procedimiento que se ha utilizado hasta ahora” y que, insisten, “no ha sido nunca impugnado”.

Esto es, que sean las comarcas las que proponen a los candidatos, y la Coordinadora Provincial “se limite a ratificar tales propuestas”. Este visto bueno “debe tener por objeto única y exclusivamente la comprobación de que se han cumplido los principios estatutarios que seguían cada elección, entre otros el de equilibrio de sexo”.

"Escasos minutos" para analizar los documentos 

La reunión de la Coordinadora Provincial se celebró el pasado domingo, 16 de junio, en un hotel de Córdoba capital. Los firmantes del escrito también ponen en conocimiento de la Comisión Colegiada Andaluza dos hechos que deberían llevar a “anular” lo que allí pasó. En primer lugar, denuncian que “la presentación del documento a debate para su aprobación se hizo escasos minutos antes del comienzo de la misma”, por lo que no hubo “margen alguno” para que la militancia de ninguna de las asambleas locales allí desplazadas “pudiera opinar al respecto de ninguna cuestión”.

Los cargos públicos críticos, por otra parte, alertan de la “ausencia de control alguno de las personas que podían participar en la votación del documento”, ya que no existió “una mínima acreditación que garantizase su pertenencia” a la reunión. Según este grupo de ediles, estor resulta “de vital importancia” al tratarse de “aspectos tan importantes que requerirían de unas mínimas garantías”.

Lista de diputados

En este contexto, a última hora de ayer, IU hizo ayer pública su lista de diputados. Por la junta electoral de Posadas, el elegido ha sido Ramón Hernández, concejal de Almodóvar del Río; por la de Montilla, Miguel Ruz, alcalde de Montalbán; por la de Aguilar de la Frontera, Carmen Zurera, edil aguilarense; y por la de Córdoba, Alba Doblas, edil de Córdoba, y Francisco Ángel Sánchez, concejal de El Carpio.