La investigación judicial abierta por el presunto amaño de las oposiciones a bombero en la Diputación de Córdoba ha provocado un seísmo político. El presidente de la corporación y secretario provincial del PSOE, Antonio Ruiz, aseguró ayer que tiene "confianza absoluta" en la vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y número dos del partido, Dolores Amo, imputada junto al gerente del organismo, Juan Carandell, y una quincena de personas por el presunto amaño de las oposiciones a bombero. Mientras, el secretario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FESP) de UGT, Isaías Ortega, negó "radicalmente" el arreglo de las pruebas o que existiera connivencia para que su sindicato ganara las elecciones.

En una comparecencia en la sede del PSOE, Ruiz se remitió al comunicado enviado por la Diputación en la tarde del miércoles, según el cual son "rotundamente falsas" estas acusaciones, que parten de la denuncia presentada por unos interinos que no lograron plaza. Ruiz, en primer lugar, señaló que Amo y Carandell se enteraron el miércoles "por los medios de comunicación" de que aparecen como investigados en una causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Se les acusa de favorecer a un grupo de interinos para que lograran plaza fija. Ruiz defendió que ni Amo ni Carandell "formaban parte del tribunal" de las oposiciones, al tiempo que ambos "están deseosos" de comparecer ante el magistrado José Luis Rodríguez Lainz "para aclarar estas cuestiones". Lamentó igualmente que a ninguno de los dos se les ha notificado oficialmente el auto de imputación; en este sentido, han sido citados el próximo 17 de abril.

Ruiz, que es presidente del Consorcio, dijo que tiene depositada una "confianza absoluta en la Justicia" y esperó que "realice sus investigaciones y lo haga con celeridad", para que "el asunto quede perfectamente aclarado". Sobre la posible carga probatoria contra Amo y Carandell, indicó que son "declaraciones" en su contra por parte de algunos opositores que no lograron plaza y que denunciaron "que se ha favorecido a los interinos" en las oposiciones.

En el proceso también está imputado el alcalde de Priego de Córdoba y senador José Manuel Mármol. "Ha tenido la misma sorpresa de enterarse por los medios de comunicación" sobre "una cuestión con la que no ha tenido nada que ver", defendió el líder del partido en la provincia. Mármol está imputado por presionar supuestamente para favorecer a interinos del Parque Comarcal de Bomberos de su municipio, unas afirmaciones que -dijo Ruiz- "son infundadas". "Ante la perplejidad que me ha causado ver mi nombre y mi imagen en la noticia, deseo que cuanto antes se pueda aclarar y, llegado el momento, se depuren las oportunas responsabilidades", escribió Mármol en Facebook.

Tras mantener silencio el miércoles, UGT dio ayer su versión de los hechos. El secretario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FESP), Isaías Ortega, lamentó que se involucre al sindicato en estos hechos "con declaraciones y sin pruebas". Ortega manifestó que es "radicalmente falso" que uno de sus delegados sindicales facilitara los cuestionarios, tal y como recoge el auto judicial, pues "al no ser miembros del tribunal no tenemos acceso a nada, por lo que la acusación cae por su propio peso". Defendió, además, la "independencia" del tribunal, constituido "por técnicos que nada tienen que ver con los sindicatos".

También negó las presiones para que se votara a UGT en las elecciones sindicales del Consorcio, como el juez está investigando. El comité de empresa está constituido por nueve representantes de los trabajadores, y UGT pasó de tener dos a cuatro delegados. Ortega vinculó estos buenos resultados al "reconocimiento a un trabajo bien hecho" y dijo que "es de risa" interpretar que "los trabajadores votaran a un sindicato sólo porque su jefe se lo dijera". Las votaciones son "libres y secretas", defendió Ortega, quien habló de "informaciones falsas e infundadas" por parte de los denunciantes, un grupo de interinos que finalmente no habría obtenido la plaza. Sobre el delegado de UGT imputado en la causa, dijo que está "deseando que lo llamen para aclarar el asunto", pues "niega radicalmente" todos los hechos recogidos en el auto de imputación.